El proceso electoral ha entrado en terreno pantanoso. La retórica política empieza a derivar en violencia. El clima está más crispado que en 1994, cuando Luis Donaldo Colosio fue asesinado casi al inicio de su campaña. Para que los candidatos presidenciales y la ciudadanía puedan dedicar su tiempo y energía a promover y reflexionar el voto, la lucha por el poder debe abandonar la ruta del encono. El enfado social se ha acumulado por razones de sobra conocidas, pero la mejor manera de expresarlo es en las urnas, donde los sufragios se cuentan, no se pesan.
La presidencia aún no está resuelta, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador lidere las encuestas y se despegue cada vez más del candidato del partido gobernante José Antonio Meade, mientras el de la coalición Por Máxico al Frente, Ricardo Anaya, ocupa el segundo lugar en las preferencias. Jaime Rodríguez es ilegítimo, debido al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para imponerlo en la boleta electoral, como comparsa de Los Pinos, después de haber infringido la ley en la recolección de firmas. El Bronco participa en la contienda sin careta: como delincuente electoral, auspiciado por el máximo órgano comicial.
La tecnocracia le tomó gusto al poder y pretende detentarlo a toda costa. El presidente Peña no es técnico, sino político, pero la incuria y la cortedad de miras le hizo caer en la manos de los tecnócratas, cuya gestión ha sido ruinosos para el país, entre otras razones por su insensibilidad social y desconexión de la realidad. La tecnocracia abomina de la clase política tradicional, en la cual existía decoro y compromiso, pero la imita en sus derivas más deleznables; a cambio espera aplauso, no repudio ni castigo. Así de grande es su soberbia.
En los seis últimos años, México ha retrocedido cuatro décadas o más, cuando las instituciones estaban diseñadas para perpetuar al PRI en la presidencia. Si un Instituto Federal Electoral (precedente del INE) ciudadano contribuyó a la alternancia en 2000, había que inocularle el virus de la política, socavar su credibildiad, volverlo al redil y convertirlo de nuevo apéndice del poder para, en el futuro, no correr riegos. Para evitar sorpresas desagradables, por si el INE abrazaba el compromiso con la democracia y no con los privilegios, también se domeñó al TEPJF hasta eliminar todo vestigio de ética y autoridad moral.
La situación del país la han empeorado el gobierno y las instituciones —y en esta etapa también los candidatos—, cuyos responsables, en lugar de apegarse a la Constitución y a las leyes, interfieren en las campañas, toman partido, fomentan la discordia y polarizan a la sociedad. La apuesta al caos, por parte del gobierno, dota a los pirómanos de bidones y cerillas sin tener bomberos para detenerlos. El INE y el TEPJF, en lugar de prevenir siniestros, los provocan.
El fantasma del fraude electoral vuelve a cernirse sobre el país con métodos tradicionales y otros sofisticados como el cibernético. Sin embargo esta vez, a diferencia de 1988 y 2006, no habría poder humano ni instituciones capaces de contener a una ciudadanía engañada. El único camino pacífico y civilizado para cambiar las cosas o mantener el statu quo es el de las urnas. La competencia por Los Pinos está centrada en tres aspirantes, pero a ninguno le conviene recibir a México en llamas. Quien lo entienda así primero y sepa transmitirlo, le hará un gran servicio al país, incluso si no gana.
