El gobierno de Miguel Riquelme no alcanzó velocidad de crucero en sus 100 primeros días, los cuales se cumplieron el 10 de marzo. El despegue fue lento y no estuvo exento de turbulencias. Los motores de la administración no tenían potencia. Rubén Moreira vacío los tanques y las arcas, dejó demasiados agujeros y un sinfín de agravios. ¿Conocía el desastre que heredaba o le ocultaron información sensible?
La falta de derroteros y de políticas claras hace ver en algunos sectores al nuevo gobierno como continuación del anterior, aunque no lo sea. Consciente o inconscientemente se exaltan los logros —en muchos casos de dudosa veracidad— del sexenio del encubrimiento (de la deuda, las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras, las fosas clandestinas, los negocios con los Zetas). La agenda repite las entrevistas y fotografías del ejecutivo con secretarios de Estado, las conferencias con las fuerzas armadas y casi las mismas declaraciones. No hay novedad. Riquelme parece actuar algunas veces más como alcalde o candidato en campaña que como gobernador. La situación financiera y política reduce los márgenes de maniobra, pero aun así falta creatividad.
Para desviar la atención de la deuda y otros escándalos de corrupción, y sin recursos para emprender obras relevantes, Rubén Moreira tendió cortinas de humo, presumió como propias las inversiones federales y se disfrazó de ombudsman mientras conformaba un gobierno autoritario y prohibicionista. El ardid funcionó hasta que el 6 de noviembre pasado, casi al final de la administración, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó el estudio Control… sobre todo el estado de Coahuila, según el cual el cartel de los Zetas pagó fuertes sumas de dinero a los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira a cambio de protección.
“Los funcionarios estatales se han negado intencionalmente a buscar la justicia a pesar de tener conocimiento de innumerables abusos contra los derechos humanos perpetrados por miembros del cartel Zeta. En el mejor de los casos, el estado hizo la vista gorda ante la generalizada corrupción y los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por los Zetas en Coahuila, y en el peor, participó directamente en la perpetración de estos abusos”, advierte el estudio, desmentido por el entonces gobernador y hoy secretario de Organización del PRI.
Más cerca de entregar el poder, Rubén Moreira recibió otro mentís. El 21 de noviembre, Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, investigadores del Colegio de México, presentaron la investigación El Yugo Zeta. Norte de Coahuila. 2010-2011sobre las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras. En el primer caso, el número de muertos y desaparecidos varía según la fuente (el gobierno del estado contabilizó 28; la agencia de noticias ProPublica y National Geographicidentificaron 60; y las asociaciones de las víctimas denunciaron 300); y en el segundo, fueron asesinadas al menos 150 personas. Moreira no era gobernador en ese periodo, pero sí quien tomaba las decisiones.
Previamente, el 6 de julio de 2017, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) entregóen la Corte Penal Internacional el informe México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza, constituyen crímenes de lesa humanidad. Los sucesos ocurrieron entre 2009 y 2016, cuando el estado era gobernado por los hermanos Moreira. “Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión (y) a través de las fuerzas especiales”, advierte la FIDH.
