México jamás ha emprendido una auténtica lucha contra la corrupción. Antes de la alternancia, los presidentes manchados por el escándalo eran sucedidos por los candidatos más antitéticos, como una forma de aplacar la ira social: Ruiz Cortines reemplazó a Alemán; De la Madrid a López Portillo; y Zedillo a Salinas de Gortari. Frente a los excesos de su predecesor y de su camarilla, De la Madrid adoptó como lema de campaña el de la “renovación moral”, la cual nunca pasó del discurso. En cambio, Zedillo, sin alardes, encarceló al ex primer hermano del país, Raúl Salinas de Gortari, por el asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu y enriquecimiento ilícito.
El gobierno prefiere afrontar el fenómeno con más burocracia, nuevas leyes y estructuras onerosas, como el Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales, a la postre, han resultado igualmente inútiles. Peña Nieto desaprovechó la oportunidad de convertir un conflicto de interés —la compra de la casa blanca a uno de sus contratistas preferidos— en fortaleza. Revivir a la Secretaría de la Función Pública solo para exonerarlo, fue una burla cuyos costos no ha terminado de pagar, y una invitación para que otros siguieran el mismo ejemplo.
El encarcelamiento de los exgobernadores Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo) es consecuencia del cambio de partido en los gobiernos de esas entidades y no resultado de una política de Estado contra los corruptos, pues, de otra manera, al menos una docena de caciques locales, y no pocos funcionarios federales, estaría en la misma situación. Sin embargo, ahora la presión ciudadana obliga a los candidatos a la presidencia a asumir compromisos serios y puntuales para atacar el flagelo que más agravia y desprestigia a México.
Angustiado por retener el poder, el gobierno cometió la pifia de victimizar al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, segundo lugar en la intención de voto después de Andrés Manuel López Obrador. “En política, frecuentemente, la forma es fondo”, sentenciaba Jesús Reyes Heroles. En su modo de actuar contra Anaya, a quien acusa por supuesto lavado de dinero, la PGR refleja: a) el miedo cerval del gobierno de Peña Nieto a perder las elecciones; y b) la determinación de imponer a José Antonio Meade a cualquier precio.
Anaya atribuye la persecución del PRI-gobierno a su compromiso de “ir a fondo en el combate a la corrupción” y al de “romper el pacto de impunidad”, del que formó parte como líder del PAN, lo cual no lo exime de responsabilidad, si la tiene, en la investigación de la PGR. Anaya propone una fiscalía autónoma y una comisión de la verdad con la asistencia de Naciones Unidas, a lo cual jamás se había atrevido ningún aspirante presidencial, menos un gobierno. La participación externa es condición sine qua non para que la lucha contra la corrupción sea exitosa.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano independiente creado en 2006 por un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de ese país, ha resultado un instrumento altamente eficaz contra la corrupción y útil para el saneamiento de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público. Investigaciones de la CICIG llevaron a prisión a los expresidentes Otto Pérez y Álvaro Colom. Dada la experiencia, la fragilidad de las instituciones y el descrédito de la clase política, en México urge un organismo similar, con autoridad y fuerza para enjuiciar incluso al presidente. Meade opina lo contrario. Según él, nuestro país “no necesita rueditas para combatir la impunidad”. Tiene razón, lo que requiere es un buldócer.
