Tenía que suceder, tarde o temprano, y el momento llegó. La lección de Tlahuelilpan es para todos: sociedad y Gobierno. Nadie puede con todo ni puede hacerlo todo sin la colaboración del otro; mientras no se entienda, el país pagará los costos. La corrección y el oportunismo políticos inducen a culpar al Estado y a exonerar al pueblo. Algunos sectores querían ver en llamas al presidente López Obrador, el 18 de enero, junto con los centenares de personas que robaban gasolina del ducto perforado por manos criminales. Sin embargo, el Gobierno superó la etapa crítica de la prueba.
En circunstancias análogas, Peña Nieto se hubiera atrincherado en Los Pinos, como lo hizo en los sanitarios de la Universidad Iberoamericana, el 12 de mayo de 2012, cuando era candidato. El grito de “¡Atenco no se olvida!” resonaba en el campus. Las porras y los acarreados del aspirante presidencial fracasaron en su intento de acallar al estudiantado. La protesta y el clamor de justicia era por los sucesos del 3 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, donde una manifestación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra fue reprimida por la Policía Federal Preventiva y la Agencia de Seguridad de Estado de México. Así se estrenaba Peña Nieto como Gobernador.
En el enfrentamiento murieron: el estudiante Alexis Benhumea (por lesiones) y Javier Cortés Santiago, de 14 años (por disparo de arma de fuego); hubo alrededor de 70 heridos (33 eran policías) y más de 200 detenciones fuera de la ley, entre ellas las 10 menores de edad. Peña justificó el uso de la fuerza pública con una ironía: “los policías no fueron recibidos con flores, sino con bombas molotov”. Desde ese momento, la sombra de Atenco —a la que después se sumarían las de Tlatlaya y otras masacres— persiguió a Peña dentro y fuera de México.
Tres meses antes de los asesinatos y de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el Presidente fue reprendido por dos jóvenes en el Foro México en el Siglo XXI, celebrado en Madrid: “¡Asesino, usted es el responsable de la matanza de Atenco! (…) Está vendiendo Atenco, quiere vender todo el país” (Notiamérica, 09-06-14). [Peña visitó Iguala 17 meses después de los acontecimientos].
El 21 de diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado mexicano de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, psicológicas y sexuales en Atenco. El organismo determinó que 11 de las mujeres detenidas por la policía “sufrieron violencia sexual, por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales; siete de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales; y todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas, incluyendo, pero no limitándose, a las violaciones sexuales”.
Las tragedias ocurren en contextos diferentes y el grado de responsabilidad civil y política también varía, lo mismo que la percepción ciudadana con respecto a la actuación de las autoridades locales y federales. Peña, como antes Fox y Calderón, fue un Presidente distante de la sociedad y ajeno a sus necesidades; prefería evadirse y crear realidades virtuales (la verdad histórica, en el caso de Ayotzinapa) para cerrar expedientes incómodos, lo cual nunca consiguió. La cercanía de López Obrador con la comunidad y la forma como afronta los problemas explica por qué el combate al «huachicoleo», el desabasto de gasolinas y la tragedia en Tlahuelilpan, en lugar de debilitarlo, lo han fortalecido. Al menos hasta ahora.
