Andrés Manuel López Obrador ganó el gobierno, no el país. Hay demasiado que cambiar, es cierto, mas no será mediante remedos de consulta como México resuelva problemas seculares como la corrupción, la impunidad y la pobreza. Cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) responde a un capricho del presidente electo, aún en campaña, no a una decisión sensata y sopesada. Si el propósito era humillar a la administración de Peña Nieto, el golpe fue rudo e innecesario —incluso podría tener el efecto bumerán—, pues el castigo político lo recibió en las urnas. En todo caso, faltaría la sanción penal.
Echar por tierra el aeropuerto en Texcoco le costará al país crédito internacional y recursos, de los cuales está escaso. La ciudadanía jamás pidió cancelarlo, pues sus preocupaciones son otras: seguridad, salud, empleo, educación de calidad, mayor ingreso y bienestar. Se trató de una promesa de AMLO y nada más. Si el proyecto de mayor envergadura del gobierno peñista era, como otros, fuente de corrupción y negocio entre y funcionarios y particulares, pudieron haber realizado auditorías, rescindir contratos y dejar de invertir dinero público para que empresas de México y otros países lo terminaran.
La opción múltiple de Santa Lucía, Toluca y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México no resolverá los problemas de largo plazo —al contrario, generará otros quizá mayores— y en cambio privará al país de una obra de infraestructura iniciada y avalada por expertos, no en una encuesta, que ofrecía mayores ventajas para la aviación y para la economía.
Su ubicación no era la más idónea, pero ya había sido aceptada; y el gobierno de Peña Nieto, pagado las críticas. Sin embargo, la sospecha de corrupción y de acaparamiento de tierras para lucrar de la plusvalía abonó el terreno para la cancelación. AMLO pudo aprovechar la circunstancia, actuar como estadista y someter el proyecto a una consulta con especialistas y el apoyo de organismos internacionales para dar firmeza y legitimidad a la decisión. Empero, se impuso la voluntad del mesías sin reparar en consecuencias, lo cual es grave; sobre todo, porque López Obrador aún no entra en funciones. “Cuando el jefe puede lo que quiere, se corre el gran riesgo de que quiera lo que no debe querer”, advierte Baldassare Castiglione.
El problema es que AMLO empieza a utilizar muy temprano el poder para lo que no debe. El presidente electo anticipó que en la consulta participarían alrededor de un millón de ciudadanos y casi acierta. Alrededor del 70% aprobó el proyecto de Santa Lucía y solo el 21% el original. Sin embargo, no existen bases para asegurar que la decisión fue “racional, democrática y eficaz”. No podía serlo una opción promovida por el presidente electo y su partido. El empresariado le negó validez legal y legitimidad a través de la Coparmex.
En el contexto pasma el silencio del gobierno saliente para defender el aeropuerto en Texcoco. Lo único que lo explica es la corrupción que esconde. Peña abandonó la responsabilidad aun antes de las elecciones, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, recibió el “trofeo a la ineptitud y la corrupción” por el paso exprés de Cuernavaca, en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, del legislador morenista Alejandro Mojica. AMLO suple la falta del presidente, pero en lugar de esperanza, lo que siembra son vientos que presagian tempestades.
