En un paso significativo hacia procesos electorales más justos y transparentes, el estado de Coahuila formalizó un acuerdo que impedirá a personas con antecedentes de violencia o incumplimiento de obligaciones alimentarias participar como candidatas en las elecciones de 2026.
La medida surge de la colaboración entre autoridades electorales y judiciales, en respuesta a una creciente exigencia social por perfiles íntegros en la vida pública.
El convenio fue firmado por el Instituto Electoral de Coahuila, el Poder Judicial de Coahuila a cargo del Magistrado Presidente Miguel Mery Ayup, y el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, quienes establecieron mecanismos para garantizar que quienes aspiren a un cargo público no cuenten con antecedentes de violencia.
