La aplanadora del PRI en el Congreso aprobó, sin cambiar una coma, reformas a
las leyes Orgánica de la Administración Pública y de Asociaciones Público-
Privadas para el Estado de Coahuila, propuestas por el gobernador Miguel
Riquelme. En ese marco nació la orwelliana Secretaría de Inversión Pública
Productiva (SIPP), cuyo titular será el lagunero Gerardo Berlanga Gotés, actual
secretario de Infraestructura. Los proyectos se desarrollarán «sin incurrir en
deuda pública adicional», dice el dictamen de las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Justicia, aprobado en la sesión del 16 de marzo con
18 votos a favor (16 del PRI, uno del Partido Verde y otro de UDC) y siete en
contra (cuatro de Morena y tres del PAN).
La exposición de motivos remite al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, según el
cual el «crecimiento sostenido de la economía (…) permitirá generar los empleos
productivos (…) el mejor medio para erradicar la pobreza». Frente al riesgo de
«un amplio estancamiento» en la inversión pública productiva, un escenario de
«crisis financiera» nacional causada de los «acontecimientos en materia de
salud» y la baja en la distribución de recursos federales participables, las
respuestas son las Asociaciones de Inversión Público-Privadas (APP) y la SIPP.
Sin embargo, la crisis financiera estatal y la falta de inversión preceden a la
pandemia de COVID-19 y su origen es el mismo: el «moreirazo» por 36 mil
millones de pesos. Entre 2012 y 2021, más de 38 mil millones de pesos pudieron
invertirse en infraestructura, obras y servicios, pero se dedicaron mayormente al
pago de intereses, a pesar de lo cual la deuda ronda todavía los 40 mil millones
de pesos. El propio Gobierno admite, entre sus consideraciones: «La provisión
tradicional de infraestructura y servicios públicos» es insuficiente, entre otros
factores, por las «múltiples presiones a las finanzas públicas, “principalmente por
el endeudamiento”» (énfasis del reportero).
La salida son las APP, cuyo objeto es «la inversión en el desarrollo de obra
pública, infraestructura, provisión de equipamiento… o la prestación de servicios
públicos, “a un plazo no menor a cinco años y no mayor a cincuenta”, en virtud
de lo cual el sector privado aporta la inversión o infraestructura de manera
parcial o total y la entidad pública “paga una contraprestación con los recursos
que correspondan” (ídem)».
El gobierno de Miguel Riquelme transita su cuarto año, todavía sin grandes obras
ni realizaciones. La deuda lo maniata y la reducción de fondos federales asfixia
aún más las finanzas. La propuesta del auditor superior del estado, Armando
Plata, para reimplantar el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos y reformar
la Ley Federal de Juegos y Sorteos para crear loterías estatales, como una forma
de allegarle recursos a las finanzas locales, la descartó el gobernador.
Sin embargo, contra la versión oficial, las APP aumentarán el endeudamiento
por otras vías; sobre todo a largo plazo e incluso más oneroso que el
bancario, pues los inversionistas, cuyo propósito es la utilidad, pagan
intereses más elevados. Y, como siempre, los riesgos los correrá el estado.
Coahuila no recurre a la banca por razones políticas y porque agotó su
capacidad de crédito. Las reestructuras tampoco le dieron oxígeno suficiente.
Los pasivos futuros podrán no reflejarse en los estados financieros ni
transparentarse, mas no por ello dejarán de ser una carga para los
coahuilenses. Habrá obras y servicios que el estado podría terminar de pagar
en el transcurso del próximo medio siglo.
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