Entre los gobernadores a quienes la «excesiva concentración de poder» les
permitió tomar «decisiones arbitrarias, e incluso que (…) muchos actos ilegales
quedaran impunes», aparece Humberto Moreira Valdés, de Coahuila. El estudio
Gobernadores sin contrapesos. El control de los medios de comunicación locales…
(SciELO, 2016) cita, entre los mayores escándalos de la primera década del siglo:
«1) las excesivas deudas que contrajeron estados y municipios; 2) las flagrantes
violaciones a los derechos humanos; y 3) los casos de enriquecimiento
inexplicable y actos de corrupción de gobernadores, así como de su gabinete o de
su familia».
La Revista Científica Electrónica en Línea, en cuya red participan 12 países, entre
ellos Brasil, Chile, España, Sudáfrica y México, pone de relieve los casos de
Humberto Moreira (Coahuila), Andrés Granier (Tabasco), Mario Marín (Puebla),
Fausto Vallejo (Michoacán), Eugenio Hernández (Tamaulipas) y Luis Armando
Reynoso (Aguascalientes). Los cinco primeros militaban en el PRI y el último en el
PAN.
La revista Forbes alistó a Granier y Moreira en los lugares cinco y siete de
«Los 10 mexicanos más corruptos de 2013». Coahuila encabeza el bloque de 14 estados con mayor deuda adquirida en el periodo 2008-2012 (cuatro correspondientes al gobierno de Humberto Moreira y uno al de su hermano Rubén), por encima de Veracruz, Nuevo León y Jalisco. Sin embargo, ninguno de los tres últimos contrató créditos con documentos y
decretos falsos y sin la autorización del Congreso como lo hizo Coahuila. Hasta la
fecha se ignora el destino de 18 mil millones de pesos, equivalente a la mitad del
pasivo registrado en 2011. Las demandas para investigar el «moreirazo» han sido
sistemáticamente bloqueadas por los diputados del PRI, entre ellos Álvaro
Moreira, integrante de la actual legislatura.
En el tema de derechos humanos, las masacres en Allende y Piedras Negras, las
desapariciones forzadas y otros abusos denunciados en el docenio de Humberto
y Rubén Moreira, tampoco ha habido justicia. La Corte Penal Internacional tiene
dos denuncias al respecto. La primera la presentó el empresario Armando
Guadiana (senador con licencia y candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo), el
13 de julio de 2016; y la segunda, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, en la
comunicación «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de
Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad», el 6 de julio de 2017.
Sobre los desafueros y la corrupción impunes en estados como Coahuila, el
estudio de Germán Espino Sánchez señala: «Desde el sexenio del presidente
Zedillo hasta el de Felipe Calderón, ni los presidentes ni la Legislatura federal, ni
siquiera la Suprema Corte, han podido destituir a un gobernador que incurra en
flagrantes actos de corrupción, ni siquiera en los casos más sórdidos…». Lo
anterior lo explican varios factores: a) la fuerza que los gobernadores tuvieron
hasta la presidencia de Peña Nieto en las cámaras de Diputados y de Senadores;
b) la debilidad de los presidentes en la etapa comprendida entre Zedillo y Peña
Nieto; y c) el control férreo de los ejecutivos locales sobre los congresos y
tribunales de justicia. Pero el más determinante es la prensa.
Mientras los estados registran una «regresión autoritaria», a escala federal «se
estableció una democracia más o menos funcional». Espino describe «cómo en el
nivel nacional se ha desarrollado un sistema plural de medios, mientras que en el
nivel su nacional (estados) sobrevive un sistema de medios sometidos al
gobernador». El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Autónoma de Querétaro muestra —con base en estudios de análisis,
contenido y entrevistas— «cómo los gobernadores controlan los medios
regionales, tal como se hacía en tiempos del autoritarismo priista».
El poder de los ejecutivos locales se exacerbó en el sexenio de Peña Nieto. La
lucha del presidente López Obrador para acotarlos apenas empieza. El primer
paso lo dio con la cancelación de fondos federales a los estados, los cuales
eran manejados discrecionalmente. Regresar al Congreso la facultad para
desaforar a gobernadores acusados de corrupción y otros delitos (caso
Francisco Javier Cabeza de Vaca, Tamaulipas) apunta en la misma dirección.
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