Casos para Ebrard y Gertz

    Por Gerardo Hernández González

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    La orden de captura contra Cuauhtémoc Martínez, expresidente del PRI en
    Ciudad de México, por los delitos de trata de personas en las modalidades de
    explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad falaz y asociación
    delictuosa, hizo pensar que el siguiente paso sería cancelar la candidatura de
    Félix Salgado Macedonio para el gobierno de Guerrero, en desagravio a las
    mujeres y para demostrar que la 4T aplica la justicia sin distingo de partido.
    Sin embargo, el golpe de efecto se dio al revés: Morena ratificó al senador con
    licencia. Según algunas notas de prensa, el movimiento social para relevarlo —de
    preferencia por mujer—, secundado por diputadas federales y otros sectores del
    partido guinda, aumentó la popularidad del presunto «depredador sexual». El
    presidente López Obrador ha defendido a Salgado a capa y espada, cuyo triunfo, el
    6 de junio, parece inevitable pese a haber sido inhabilitado por el INE. Las
    posibilidades de Mario Moreno, de la coalición PRI-PRD, y de Irma
    Lilia Garzón, candidata del PAN, son nulas.
    La atención mediática se ha enfocado en Salgado; en el gobernador de
    Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), quien podría ser
    desaforado por cargos de corrupción y defraduación fiscal fincados por la Fiscalía
    General de la República; en el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (PRI),
    prófugo de la justicia por delitos de delincuencia organizada; y en Cuauhtémoc
    Martínez, cuyas cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia
    Financiera y pronto será también buscado por la Interpol. Sin embargo, casos aún
    más graves y de alcance internacional, entre cuyas víctimas figuran hombres,
    mujeres y niños, son ignorados olímpicamente.
    Humberto y Rubén Moreira Valdés no solo permanecen fuera de los reflectores de
    la prensa, sino que el segundo es candidato del PRI a diputado federal
    plurinominal, junto con su esposa Carolina Viggiano. Gobernadores de Coahuila
    entre 2005 y 2017, los hermanos fueron denunciados ante la Corte Penal
    Internacional (CPI) «por su presunta complicidad en los atroces crímenes
    cometidos durante sus gobiernos contra la población civil, con base en
    declaraciones de narcotraficantes ante tribunales de Estados Unidos» (
    Proceso, 08-07-17).
    La Academia Interamericana de Derechos Humanos ha guardado silencio ominoso
    sobre las matanzas en Allende y Piedras Negras, acaso por deber su creación y
    patrocinio al exgobernador Rubén Moreira, quien la usó de parapeto para desviar la
    atención y salvar las apariencias. Además de involucrar a «altos funcionarios» de la
    administración de los Moreira, los testimonios de exintegrantes de Los Zetas en
    ​Texas, también «revelaron (…) que la corrupción imperante en Coahuila permitió
    que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que
    pueden configurar crímenes de lesa humanidad».
    En julio de 2017, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, el subdirector del Centro
    Diocesano de Derechos Humanos Juan Fray de Larios, Michael Chamberlain; Jimena
    Reyes, de la Federación Internacional de Derechos Humanos; y Ariana García del
    Bosque, del colectivo Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas, viajaron
    a La Haya, Países Bajos, para presentar ante la CPI la comunicación «México:
    Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes
    de lesa humanidad». El expediente se apoya en el informe «Control… sobre todo el
    Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los
    Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, Texas».
    El fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero y el presidenciable
    canciller Marcelo Ebrard tienen una oportunidad de oro para responder a las
    víctimas y sus familias. Apenas el 10 de marzo, la embajadora mexicana
    Socorro Flores Liera rindió juramento como magistrada de la CPI para el
    periodo 2021-2030.
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