La orden de captura contra Cuauhtémoc Martínez, expresidente del PRI en
Ciudad de México, por los delitos de trata de personas en las modalidades de
explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad falaz y asociación
delictuosa, hizo pensar que el siguiente paso sería cancelar la candidatura de
Félix Salgado Macedonio para el gobierno de Guerrero, en desagravio a las
mujeres y para demostrar que la 4T aplica la justicia sin distingo de partido.
Sin embargo, el golpe de efecto se dio al revés: Morena ratificó al senador con
licencia. Según algunas notas de prensa, el movimiento social para relevarlo —de
preferencia por mujer—, secundado por diputadas federales y otros sectores del
partido guinda, aumentó la popularidad del presunto «depredador sexual». El
presidente López Obrador ha defendido a Salgado a capa y espada, cuyo triunfo, el
6 de junio, parece inevitable pese a haber sido inhabilitado por el INE. Las
posibilidades de Mario Moreno, de la coalición PRI-PRD, y de Irma
Lilia Garzón, candidata del PAN, son nulas.
La atención mediática se ha enfocado en Salgado; en el gobernador de
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), quien podría ser
desaforado por cargos de corrupción y defraduación fiscal fincados por la Fiscalía
General de la República; en el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (PRI),
prófugo de la justicia por delitos de delincuencia organizada; y en Cuauhtémoc
Martínez, cuyas cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia
Financiera y pronto será también buscado por la Interpol. Sin embargo, casos aún
más graves y de alcance internacional, entre cuyas víctimas figuran hombres,
mujeres y niños, son ignorados olímpicamente.
Humberto y Rubén Moreira Valdés no solo permanecen fuera de los reflectores de
la prensa, sino que el segundo es candidato del PRI a diputado federal
plurinominal, junto con su esposa Carolina Viggiano. Gobernadores de Coahuila
entre 2005 y 2017, los hermanos fueron denunciados ante la Corte Penal
Internacional (CPI) «por su presunta complicidad en los atroces crímenes
cometidos durante sus gobiernos contra la población civil, con base en
declaraciones de narcotraficantes ante tribunales de Estados Unidos» (
Proceso, 08-07-17).
La Academia Interamericana de Derechos Humanos ha guardado silencio ominoso
sobre las matanzas en Allende y Piedras Negras, acaso por deber su creación y
patrocinio al exgobernador Rubén Moreira, quien la usó de parapeto para desviar la
atención y salvar las apariencias. Además de involucrar a «altos funcionarios» de la
administración de los Moreira, los testimonios de exintegrantes de Los Zetas en
Texas, también «revelaron (…) que la corrupción imperante en Coahuila permitió
que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que
pueden configurar crímenes de lesa humanidad».
En julio de 2017, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, el subdirector del Centro
Diocesano de Derechos Humanos Juan Fray de Larios, Michael Chamberlain; Jimena
Reyes, de la Federación Internacional de Derechos Humanos; y Ariana García del
Bosque, del colectivo Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas, viajaron
a La Haya, Países Bajos, para presentar ante la CPI la comunicación «México:
Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes
de lesa humanidad». El expediente se apoya en el informe «Control… sobre todo el
Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los
Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, Texas».
El fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero y el presidenciable
canciller Marcelo Ebrard tienen una oportunidad de oro para responder a las
víctimas y sus familias. Apenas el 10 de marzo, la embajadora mexicana
Socorro Flores Liera rindió juramento como magistrada de la CPI para el
periodo 2021-2030.
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