Afirma Santiago Niego que gobierno de AMLO va por EPN y Luis Videgaray

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la corrupción fue uno de los temas más relevantes y el cual continúa generando polémica en la actualidad gracias a investigaciones periodísticas y a la agenda en contra de esta práctica que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha erigido como el principal bastión de su administración.

En la iniciativa en contra de este mal común en la vida política de México, uno de los funcionarios que ha cobrado mayor relevancia ha sido Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien dejó abierta la posibilidad de que las investigaciones en contra Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, y de Peña Nieto se lleven a cabo.

“No somos tapadera de nadie”, aseguró el funcionario durante una entrevista con el diario El País. “Los casos donde se encuentre un vínculo se tienen que investigar”, puntualizó, aunque hasta el momento no han encontrado una conexión entre los miembros del gabinete del ex presidente que hayan estado implicados en casos de corrupción y él.

Sobre Lozoya, quien fungió como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y recibió sobornos por montos que iban de USD 10 a 14 millones relacionadas con el caso Odebrecth, explicó que se han presentado cuatro denuncias por defraudación fiscal, así como peculado, cohecho y lavado de dinero en su contra y su entorno, lo cual incluye a su esposa.

“Hemos encontrado transferencias hacia las cuentas. Primero de Zacapan S.A. y de Latin American Asia Capital Holding. Después, cuando se cierran, todos los recursos se trasladan a Tochos Holding Limited, la empresa de Lozoya constituida en Suiza. Ésta es la que distribuye el recurso a su hermana y a su madre. (…) En realidad, son USD 16 millones que tienen que ver con varias empresas de Odebrecht, todas terminan haciendo transferencias a Panamá, Islas Vírgenes, Mónaco”, detalló.

Lo más relevante de este caso, explicó, es que el Código de Procedimientos Penales establece un criterio de oportunidad a partir del cual la persona que está en un proceso penal puede dar información sobre los superiores jerárquicos que pudieron haber ordenado el acto de corrupción y en este caso “sólo nos quedan Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la decisión que tome la Fiscalía y si él daría información”.

Otro caso que implicó al ex presidente sucedió hace algunas semanas, cuando se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó rastrear sus cuentas y movimientos financieros, los de su ex esposa, Angélica Rivera, así como los de sus hijos en, por lo menos, 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras.

La solicitud de información fue realizada desde el 26 de marzo por Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, y recibida por Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 14 de abril. En el documento se indica que la funcionaria realiza una investigación sobre la evolución patrimonial del ex mandatario.

Respecto a Luis Miranda, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mencionó que “encarna la corrupción del sexenio anterior”, pues además de estar relacionado con el regalo de 40 inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también está ligado al grupo Antorcha Campesina, extensión electoral del PRI en varias entidades, así como con el huachicol, que es el robo de combustible.

Acerca de las investigaciones que pesan sobre el fallecido ex secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que éstas continúan a partir de sus familiares y colaboradores cercanos. Cabe mencionar que los hechos por los cuales están llevando a cabo estos procesos son el tren a Toluca y el socavón en una carretera de Morelos en donde murieron dos personas.

Aunque la UIF surgió en el sexenio de Vicente Fox, nunca había sido tan relevante como en la actualidad. Incluso ha sido partícipe de la investigación del gobierno de Estados Unidos sobre el secretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

El gobierno de ese país, contestó, pidió información al respecto y la entregaron. Específicamente la que implicaba a Eduardo Medina Mora y a García Luna en la compra de un software de espionaje para la Secretaría de Seguridad, el cual se quedó en la empresa del ex secretario de Seguridad. Después sobre la constitución de la empresa Nunvav, en Panamá y su inicio de operaciones en México, en 2011″.

“Cuarto, los 2,600 millones de pesos que la secretaría de Gobernación de Peña Nieto da a Nunvav. Los 31 millones que dan a Black por una consultoría de la Fiscalía antisecuestro de Ciudad de México y después cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami”, respondió.

Durante el sexenio de Peña Nieto, Santiago Nieto también tuvo relevancia, pues fue quien comenzó a investigar la participación de Odebrecht en la campaña presidencial del mexiquense en 2012, pero fue destituido por ese hecho. Ahora, en la administración de López Obrador también ha llevado a cabo procesos relacionados con personajes cercanos al presidente.

El caso más reciente ha sido el de las compras públicas de ventiladores para atender a pacientes graves de Covid-19 que instituciones médicas hicieron a sobrecoste a la empresa del hijo de Manuel Bartlett. “La SFP ya nos pidió información. Estamos investigando. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro: no podemos tolerar un caso de corrupción”, comentó.

Con información de Infobae