Si la intención del comando que irrumpió en Villa Unión era demeritar al gobierno de Miguel Riquelme, en un primer momento el cometido se logró con creces. Desde el 30 de noviembre, el tema en los medios de comunicación del estado y el país no ha sido el informe, sino el enfrentamiento, persecución y extermino de presuntos sicarios. Según las autoridades, los agresores pertenecen al Cártel del Noreste (CDN), escindido de los Zetas, cuya estela de muerte y destrucción, durante el moreirato, aún no desaparece. Imposible no pensar en represalias por las bajas en el bando criminal: 16, cuatro por cada policía abatido, consignadas diariamente en comunicados que más bien parecen partes de guerra.
Para tener una idea clara de lo ocurrido, debe terminar primero el operativo y reconstruirse paso por paso los sucesos. Veamos contexto: un municipio de 6 mil 352 habitantes (Inegi, 2015) no puede ser una plaza rentable ni estratégica para ningún cártel, pero tampoco lo era Allende, donde la masacre de 2011 tuvo como móvil la venganza. No es el caso de Villa Unión, según las evidencias, pues: 1) la agresión no se dirigió contra la población civil o familias específicas, sino contra la Policía Estatal, identificada todavía como Fuerza Coahuila, de acuerdo con las primeras versiones; 2) acribillar la fachada de la presidencia municipal, cuya fuerza pública la componen 10 policías, no sería un aviso para la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe (PAN), sino para autoridades de mayor jerarquía en el estado; 3) las dos víctimas civiles (un menor de edad y un adulto) habían sido secuestradas.
Si el CDN logró su objetivo de llamar la atención y poner a Coahuila de nuevo en el candelero, Riquelme pudo contener la crisis y evitar que se saliera de control. Acudir a Villa Unión envió un mensaje de autoridad. Paralizarse o esconderse habría agravado el problema. En ese sentido, se mostró como un gobernante capaz de reaccionar con la cabeza fría en situaciones de emergencia. Así, lo que amenazaba con convertirse en un fracaso, por ser la seguridad el rubro donde más énfasis ha puesto: la seguridad, le permitió salvar su informe y lanzar en Torreón un ultimátum: «No permitiremos que los grupos criminales vengan aquí; no los dejaremos entrar».
La ceremonia de este lunes transcurrió en un ambiente distendido, acaso con mayores medidas de seguridad, por la circunstancia, pero sin sobresaltos. Los sectores representados en el Centro de Convenciones y las oposiciones reconocieron la actitud del Gobierno en Villa Unión, pues genera confianza. «En Coahuila -dijo Riquelme- la fuerza de las instituciones es superior a la de los criminales». Antes del informe, el lagunero había recibido un espaldarazo del presidente López Obrador, quien, interrogado en la mañanera sobre la situación en Villa Unión, la cual «se volvió bastante grave», dijo que «el Gobernador de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública; es de los gobernadores (…) que más atención le dedica al tema de seguridad».
Tener un estado sin los índices de violencia de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas, debe quitarle presión a un presidente reprobado en materia de seguridad. Sin embargo, dar por cerrado el caso de Villa Unión equivaldría tanto como a dar por ganada una guerra que a diario se libra. El Cártel del Noreste quedó herido y buscará desquite en cualquier ciudad y contra cualquier autoridad. El Gobierno debe estar alerta.
