Medio siglo tardó el PAN, desde su fundación, en obtener la primera gubernatura. En ese lapso, fue objeto de persecuciones y libró batallas memorables, pero la “dictadura perfecta” era implacable, y cuando no ganaba, arrebataba. En 1986, Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación y ahora director de la CFE, calificó de “patriótico” el fraude contra Francisco Barrio para imponer a Fernando Baeza (PRI). Perder Baja California, su buque insignia, después de timonearlo por tres décadas (1989-2019), habría significado, sí, un fracaso, normal en cualquier democracia –el poder corrompe–, mas no el fin del mundo. Pero avalar la ampliación del período del gobernador electo Jaime Bonilla (Morena), de dos a cinco años, es distinto. Traicionar sus principios constituye un acto deleznable difícil de ignorar y menos aún de perdonar.
El golpe al estado de derecho habría fracasado si la 22 Legislatura, dominada por el PAN, votaba en contra de la reforma al decreto 112 (octavo transitorio constitucional) propuesta por el diputado de Morena Víctor Manuel Morán, el 8 de julio. Sin embargo, sus diputados la aprobaron ese mismo día, mes y medio después de las elecciones del 2 de junio. El presidente López Obrador se ha deslindado con tibieza del asunto, en tanto que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo juzga violatorio de la Constitución. El abogado Francisco J. Rubio comparte el criterio de la exministra de la Corte. “La inconstitucionalidad de la medida en Baja California se sustenta en la temporalidad de su expedición y por el contenido sustantivo del proceso legislativo. Por estas razones, se trata de una reforma claramente inconstitucional”, (Nexos, 22.07.19).
El líder del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, quien ya le ha enmendado la plana al Presidente varias veces, planteó una solución tajante, respaldada por el PRD: desaparecer los poderes del Estado por violar la Constitución. El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, descarta esa vía, pero tomarla sentaría un precedente positivo, pues enviaría un mensaje a los gobernadores, a las legislaturas y a los tribunales superiores de justicia locales para apegarse a la ley fundamental o atenerse a las consecuencias.
La mayoría de los gobernadores pertenece al PRI (11) y al PAN (10); Morena subió a seis con Baja California y Puebla. En caso de desaparición de poderes, el Artículo 76 constitucional faculta al Senado para nombrar sustituto, quien convocaría elecciones extraordinarias. A pesar del abstencionismo del 70%, el triunfo Morena en Baja California fue rotundo. Hace 30 años, el PAN obtuvo la gubernatura –con Ernesto Ruffo– dos ayuntamientos y nueve de 15 distritos. El 2 de junio, Morena hizo carro completo al ganar, en coalición con los partidos Verde, del Trabajo y Transformemos, el Gobierno, las cinco alcaldías (antes no existía la de Playas de Rosarito) y todas las diputaciones de mayoría (ahora son 17 bajo ese principio y ocho de representación proporcional).
Después del atraco legislativo, lo procedente es regresar al período de dos años para el cual fue electo Bonilla o anular la elección. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apuntó en la primera dirección el 29 de mayo al revocar la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, según la cual el candidato de Morena podría ser gobernador por cinco años. La Suprema Corte de Justicia resolverá el caso en favor del derecho y de la democracia.
