Los escándalos de la deuda, las empresas fantasma y Ficrea han vuelto a ser noticia nacional. El clamor social seguirá vivo mientras no haya justicia. El bisemanario Espacio 4 dedica al tema la portada de su nuevo número. Gerardo Moyano empieza así su reportaje:
“El desvío de recursos públicos durante el Moreirato parece un laberinto sin salida. Sin embargo, tras ocho años de denuncias y presión, la ciudadanía ya abre paso a la justicia. No es una tarea fácil, pues las instituciones que deberían velar por el bien de los coahuilenses, entre ellas, la Fiscalía General de Coahuila (FGC), el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), la Secretaría de Finanzas (Sefin) y priistas en el Congreso hacen hasta lo imposible para impedir que se castigue a los responsables.
“En esta batalla, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) abren resquicios para la justicia, tanto en el caso de la megadeuda heredada por el Gobierno de Humberto Moreira Valdés (2005-2011), como en el de los desvíos a empresas fantasma en la Administración de su hermano Rubén (2011- 2017) y el fraude del Ficrea (2010-2014). En las últimas semanas –ante la insistencia de los ciudadanos– ambas instituciones han logrado derribar algunos muros, pero detrás de ellos se han encontrado con otros.
“El 21 de junio, la ASE informó que ganó 12 amparos contra el ‘no ejercicio de la acción penal’ que en 2016 dictó la Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía General) ante denuncias de irregularidades financieras. Uno de ellos data de 2010 (cuando HMV era gobernador) y se relaciona con créditos de la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila (Pideco). La Promotora presentó facturas en el programa Cadenas Productivas, de Nacional Financiera (Nafin), por 3 mil 994 millones de pesos, que luego transfirió a cuentas de la Secretaría de Finanzas y del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), entonces a cargo de Javier Villarreal, lo que constituyó un ocultamiento del crédito (“Espacio 4” 617).
“Recién el 9 de julio, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, se pronunció al respecto. ‘En estos (12 expedientes), los señalados o es el titular o el auxiliar que operaban esas dependencias (…) Los expedientes de la deuda implican reanalizar, porque ya estaban determinados (…) Estamos recabando pruebas que nos permitan determinar si existe o no la comisión de un delito’, atajó el fiscal (‘El Siglo de Torreón’ 09.07.19).
“Por las mismas fechas, el INAI le enmendó la plana al ICAI, quien había avalado la respuesta negativa de la ASE ante solicitud de información de una ciudadana, en octubre de 2018, para conocer los detalles de las obras públicas realizadas entre 2009 y 2011.
“En un principio, la ASE se declaró ‘no competente’ y argumentó que la entrega de la información financiera le correspondía a la Secretaría de Finanzas. No obstante, ante un recurso de revisión impuesto por el solicitante, el INAI determinó que ‘toda información generada, adquirida o en posesión de un ente obligado es pública en términos de la Constitución Política de Coahuila’, por lo que le ordenó buscar en todas sus áreas y transparentar los documentos. (…)”.
