“Olvidan” diputados y ASE, investigar “irregularidades por 9 mil millones del último año de Rubén Moreira

0
1852

La Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades no solventadas en la cuenta pública de las entidades de Coahuila de 2017 por un monto de nueve mil 311.7 millones de pesos, pero omitió presentar las denuncias correspondientes para que se sancionara a los servidores públicos que cometieron las faltas.

“Básicamente, lo que nosotros decimos en el dictamen es que la ASE llevó a cabo, como lo afirma, mil 842 auditorías para revisar la cuenta pública del año 2017, la propia auditoría nos dice que encontró miles de irregularidades”, refirió Juan Antonio García Villa, coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso de Coahuila.

El legislador panista señaló que dichas observaciones no se valoraron al inicio, sino después con las dependencias que no las solventaron ni las resolvieron ni las explicaron, es decir, no las atendieron.

Agregó que el monto observado y no solventado equivale a que uno de cada cinco pesos del gobierno en 2017 se gastó con irregularidades, lo que consideró una cifra muy alta y que retrata cómo se usó el dinero en el último año del gobierno de Rubén Moreira.

“Esas irregularidades no explicadas, no justificadas, se convierten en irregularidades de las que se debe desprender una denuncia, una sanción, una querella. Y la propia auditoría nos está diciendo que no lo hizo, obviamente está incurriendo en una omisión grave, lo que implican estas irregularidades que no explicaron”, dijo García Villa.

También señaló que el propio titular de la ASE, Armando Plata Sandoval, pidió al Congreso del Estado la modificación de la ley para darles una prórroga de 60 días a los funcionarios para que solventaran las observaciones que se les hicieron, situación que consideró risible.

El coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso señaló que la grave omisión que implica un monto multimillonario ha permitido que los funcionarios que ejercieron mal el presupuesto se mantengan impunes por sus fallas cometidas en 2017.

Precisó que esta omisión se ha dado repetidamente y de forma generalizada para todas las entidades públicas, y ello ha dado impunidad a los servidores públicos que gastaron mal el dinero de los coahuilenses por lo menos durante 2015 y 2016.

Aunque la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso aprobó en lo general el dictamen del informe de la cuenta pública de 2017, diputados del PRI, PRD y Morena se opusieron a los acuerdos que califican como descuidado, poco profesional y negligente el trabajo de la ASE y que piden se proceda a un juicio político contra su titular, Armando Plata Sandoval.

Omite ASE auditar obras públicas de último año de Rubén Moreira

Según lo referido en la sesión de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso, el Informe Anual de Resultados que presentó Plata Sandoval, se puede observar que, además de omitirse presentar las denuncias administrativas y penales en contra de los servidores públicos que cometieron irregularidades, no se auditó la obra pública del Gobierno Estatal en el último año de Rubén Moreira.

Incluso se hace referencia que hubo ingresos adicionales al presupuesto por más de 5 mil millones de pesos y que no se aplicaron al menos la mitad de esos recursos para el pago de deuda, como lo establece la ley. Además de observarse que 62 de las 144 entidades públicas auditadas, se gastaron parte de sus ingresos fuera de lo autorizado por su presupuesto, o en otros casos, hay discrepancias entre las cifras que informó la ASE y las que se calcularon con los mismos datos fuente por parte de la Comisión.

García Villa observó lo risible que fue conocer cómo en lugar de fincar responsabilidades contra funcionarios que gastaron mal el presupuesto, o presentar las denuncias por faltas administrativas y hasta penales como es su obligación, el Auditor se restringió a solicitar que, de forma ilegal, se extendiera una prórroga de 60 días a los funcionarios para darles tiempo a que solventaran las observaciones que se les hicieron.

Con información de La Rancherita del Aire

Comentarios de Facebook