En su discurso de toma de posesión, el presidente López Obrador se escandalizó por el puesto de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional: «Ocupamos el lugar 135 en corrupción, entre 176 países evaluados; pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos». Para más inri, el país cayó otros tres lugares en el IPC 2018 y hoy se ubica en el 138 (de un total de 180), de acuerdo con
Transparencia Mexicana (TM). AMLO sentenciaba el 1 de diciembre pasado, desde la tribuna del Congreso: «A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la
impunidad que impiden el renacimiento de México». Para el director de la oficina en México de Transparencia Internacional, Eduardo Bohórquez, «Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público».
El juicio vale para el sexenio de Peña Nieto y los primeros meses del nuevo gobierno. El presidente ha preferido mirar hacia otro lado en los grandes casos de corrupción: Odebrecht, Estafa Maestra y el robo de combustibles desde Pemex. «(…) nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico; estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó, no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36
años, sino también por el predominio, en este periodo, de la más inmunda corrupción pública y privada».
El presidente formulaba un compromiso: mejorar la posición de México en el IPC citado por él. Pero sin enjuiciar a los corruptos por las vías institucionales pertinentes, ¿cómo lograrlo? «Si el país puede o no erradicar la corrupción tendrá un gran impacto en la legitimidad del estado de la nación, y su capacidad para hacer frente a la amenaza de violencia tendrá un impacto similar en su estabilidad», dice el Fondo para la Paz con respecto a México en el índice 2018.
Uno de los países con mayores problemas de gobernabilidad, ingreso y desarrollo humano, según el IPC, es el nuestro. El descenso de tres sitios en el IPC le restó a México un punto; ahora tiene 28, muy lejos de Canadá (81), Estados Unidos (71), Chile (67) y siete por debajo de Brasil (35). Sus vecinos más próximos en la lista son Guatemala (27) y Nicaragua (25); el
primero está en la zona de «alta advertencia» del Índice de Estados Frágiles del Fondo para la Paz, y el segundo en la de «advertencia elevada» junto con México.
Entre 35 los socios de la OCDE, ocupamos el último lugar. TM no se va por las ramas: «México podrá afirmar que está avanzando en el control efectivo de la corrupción cuando inicie el desmantelamiento de las redes de corrupción que han capturado las instituciones públicas y cuando regresen a las arcas de la nación los recursos desviados, mediante una política de recuperación de activos». Nada de perdón y olvido. AMLO debe activar cuanto antes los mecanismos que permitan enjuiciar a los venales y confiscar el dinero y las propiedades obtenidos ilícitamente. Solo así podrá atacar la «inmunda corrupción pública y privada» y alejar a México de los Estados fallidos.
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