El diputado Gerardo Aguado le puso el cascabel al gato: la congelación de las denuncias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la megadeuda y las empresas fantasma obliga a «un profundo análisis» sobre el desempeño de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción «para determinar si es esto lo que necesita Coahuila o debemos transitar a otro modelo». La ciudadanía espera «ver al responsable en la cárcel y, cuando procede, despojado de los bienes mal habidos».
Así lo plantea el punto de acuerdo propuesto por Aguado y el grupo parlamentario del PAN a la diputación permanente, el 15 de enero, para que el fiscal Gerardo Márquez Guevara y el zar anticorrupción Homero Flores Mier informen sobre «las causas por las que no han dado resolución definitiva a las denuncias que la Auditoría Superior del Estado ha presentado desde el año 2013 por delitos relacionados con hechos de corrupción»; en particular «las que llevan más de dos años en proceso».
El documento es especialmente crítico con Flores Mier: «se ha dedicado a cambiar su discurso y afirmaciones sobre las empresas fantasma denunciadas en 2016, hasta el hecho de que los procesos que lleva a cabo en su fiscalía sean opacos, lentos y sin que los ciudadanos puedan conocer nada al respecto. (…) las denuncias por la megadeuda siguen sin ser resueltas a prácticamente siete años de que se documentaron los hechos y se presentaron las primeras de manera formal. Siete años y nada. Solo silencio, opacidad… y quizá hasta complicidad».
Los nueve diputados del PAN advierten: «Se suponía que, con una Fiscalía Autónoma y un Fiscal Especializado en delitos de corrupción, con autonomía técnica y de gestión, las cosas iban a cambiar. (…) ¿Cuál cambio? ¿Cuáles resultados? Las respuestas todos las conocen, y no podemos argüir falta de tiempo; ya han tenido suficiente, en especial en casos como la megadeuda, y las denuncias que refiere el auditor, correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015».
Sin embargo, la misma bancada panista guardó silencio el 26 de diciembre pasado frente a Homero Ramos Gloria, el muñidor de los Moreira, quien durante seis años mantuvo en la congeladora de la Procuraduría General de Justicia las denuncias de la ASE por la deuda, las empresas fachada y otras irregularidades graves en los dos últimos sexenios. Para más inri: los diputados de Acción Nacional votaron por la designación de Ramos Gloria como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para un periodo de 15 años. ¿Simulación? ¿Complicidad?
La votación para nombrar a los seis nuevos magistrados, propuestos por el gobernador Miguel Riquelme, se hizo en secreto (por cédula). Había la opción de sufragar por cada uno de los aspirantes, sin faltar a Ley Orgánica del Congreso, pero se impuso la línea de hacerlo por bloque. ¿Para asegurar el pase de Ramos Gloria y de otros, como él, sin trayectoria en el Poder Judicial? Veintiún diputados —entre ellos Gerardo Aguado— votaron a favor. Juan Antonio García Villa, María Eugenia Cázares (PAN) y otro legislador, lo hicieron en contra; hubo una abstención. La maquinaria PRI-PAN volvió a funcionar para inmunizar al procurador que obstruyó la justicia, no solo en el caso de la deuda y las empresas fantasma. Acción Nacional obtuvo a cambio un asiento en el TSJE para Ulises Hernández Torres.
