Primero quiso ser fiscal general para cerrar el círculo de impunidad en torno suyo y de sus jefes. Mientras esperaba, montó guardia frente al Congreso, pero la señal nunca llegó. Gerardo Márquez sería el elegido. Después pretendió ser secretario del ayuntamiento de Saltillo, para tener fuero, y tampoco. Por fin, el 26 de diciembre, el Congreso local aprobó el nombramiento de Homero Ramos Gloria, cancerbero de los Moreira, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para un periodo de 15 años.
También fueron designados Miguel Mery, excandidato del PRI a alcalde de Torreón y a diputado federal, y el panista Ulises Hernández, suplente del diputado federal Luis Fernando Salazar, nuevo militante de Morena. El Poder Judicial convertido en refugio de emisarios del clan
y políticos frustrados.
Ramos era presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) cuando Humberto Moreira ganó la gubernatura, en 2005. El candidato panista Jorge Zermeño impugnó el resultado por múltiples irregularidades, pero el Tribunal Electoral Federal confirmó la victoria del priista. En enero de 2007, Ramos renunció al IEPC para ocupar la Secretaría de Gobierno, en sustitución de Óscar Pimentel, pero cometió un error: empezó a reunirse con empresarios de Torreón para preparar su eventual candidatura al gobierno. El clan lo bajó de la
nube y lo confinó en la Dirección de Pensiones.
En el sexenio de Rubén Moreira, Ramos ocupó la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia (convertida después en Procuraduría y más tarde nuevamente en Fiscalía) tras la renuncia de Jesús Torres Charles, acusado junto con su hermano de tener vínculos con el crimen organizado.
Una de las principales tareas de Ramos, como procurador, consistió en dar carpetazo a las denuncias de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) por la deuda contratada irregularmente en la administración de Humberto Moreira, y por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el gobierno de Rubén Moreira. Riviera Álamo, una de las firmas fachada, pertenecía al esposo de la secretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis.
El 11 de enero, el titular de la ASEC, Armando Plata, informó en rueda de prensa que 250 denuncias penales, por irregularidades cometidas entre los ejercicios de 2013 a 2016, permanecen congeladas en la Fiscalía General del Estado. En ese periodo, el procurador de Justicia era Ramos Gloria, quien, según el entonces gobernador Rubén Moreira, «tuvo una destacada labor: trabajó de manera incansable en la lucha contra el crimen organizado, en el tema de (los) desaparecidos y en el combate a los delitos de alto impacto». En abril de 2017,
Ramos declaró el «no ejercicio de la acción penal contra Humberto por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita» (Reforma, 19-04-17).
El 10 de diciembre de 2018, dos semanas antes de la designación de Ramos Gloria como magistrado del TSJE, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Material Penal resolvió dejar sin efecto la reaprehensión de Javier Villarreal, uno de los principales operadores de la deuda por más de 36 mil millones de pesos. El TSJE atribuyó la publicación del acuerdo a un error. En cualquier caso, Ramos incurrió —como procurador— en responsabilidad política y penal por haber congelado las denuncias contra los responsables de la deuda y las empresas fantasma, así como por no ejecutar la orden para la recaptura de Villarreal.
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