El megafraude cometido en el Infonavit contra decenas de miles de familias (entre 5 y 6 mil son de La Laguna), que involucra al Poder Judicial de Coahuila, pone a prueba la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer justicia, sobre todo a los más débiles. El bisemanario Espacio 4 publica un amplio reportaje de Gerardo Moyano sobre el tema. Así empieza:
» “Una estupidez, una tontería». Así calificaba las acusaciones en su contra el lagunero José Lorenzo Natera, encargado del área de Titulación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de 2013 a 2016, en un informativo de Multimedios (Tele Diario, 16-10-17).
» El hoy síndico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, se refería a las denuncias que acababa de hacer el empresario y abogado chihuahuense Mario Alberto Sánchez Zúñiga sobre un esquema para despojar a miles de personas de sus viviendas, adquiridas con créditos del Infonavit. Esto, a través de juicios hipotecarios falsos e ilegales, emitidos en varios estados, entre ellos Coahuila y Nayarit.
» A poco más de un año de aquella declaración, al menos seis jueces coahuilenses y cuatro nayaritas, así como una veintena de secretarios de juzgado, han sido suspendidos por colaborar en una red de complicidades que involucra a magistrados, notarios, empresarios, gobernadores y funcionarios federales.
» En un cálculo conservador, se estiman en más de 300 mil los despojos realizados de manera ilegal en todo el país, de 2013 a 2018, cuando el Infonavit fue dirigido por el hoy gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa (2012-2015) y el exdiputado federal David Penchyna Grub (2015-2018), ambos priistas cercanos al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Esto supone un fraude de más de 70 mil millones de pesos (calculando un precio promedio de 250 mil pesos por vivienda).
» En el caso de Nayarit, se inventaron juicios hipotecarios para que las escrituras de esas viviendas pasaran a nombre del Infonavit, para luego vender las viviendas en “megapaquetes” a empresas de bienes y raíces. Los precios de reventa bajaban hasta 30 mil pesos por unidad, es decir el 12% de su valor inicial.
» Y lo más grave: no había aviso. Los propietarios, la mayoría de los sectores de bajos recursos, no se enteraban de que habían perdido su vivienda hasta que intentaban transferirlas o al momento de ser desalojados por policías contratados por compañías privadas.
» En aquel noticiero de Multimedios, José Lorenzo Natera reconoció que él mismo era encargado de contratar a despachos de abogados externos para que recuperaran las casas para el Infonavit y aceptó que él firmaba las escrituras. Miles de éstas, sustentadas en juicios que no existieron, con el mismo número de expediente, notificaciones falsas y tiempos de desahogo imposibles, en dos pequeñas jurisdicciones de Nayarit (Xalisco y Compostela). Todo avalado por notario público y firmado por el entonces encargado de Titulaciones del Infonavit. El 21 de diciembre, el Congreso de Nayarit desaforó a los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, y suspendió a cuatro jueces locales para ser procesados por el fraude a decenas de miles de derechohabientes del Infonavit.
