Transparencia Internacional presentará, en las próximas semanas, el Índice de Percepción de la Corrupción 2018. Nuestro país ocupa actualmente el lugar 135 de 180 evaluados. Felipe Calderón dejó a México en el puesto 105. El mundo nos ve como uno de los países más corruptos. Lo somos. El problema es institucional, no «cultural» como argüía el expresidente Enrique Peña Nieto. «Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban. Ambos fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de Fiscalías Independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito», advierte Transparencia Mexicana.
En los estados, las fiscalías son satélites de los gobernadores; lo mismo pasa con los zares y los sistemas anticorrupción. Un repaso de los perfiles de esos entes burocráticos conduce al moreirato. Por esa razón la megadeuda, las empresas fantasma y el desvío de recursos permanecen sin castigo. La calidad de vida de legiones de coahuilenses ha empeorado en los últimos lustros, sin esperanza de mejorar en las próximas décadas debido al pago de intereses a un principal anclado en los 36 mil millones de pesos.
El gobierno de los Moreira actuó en complicidad con cuatro legislaturas, en las cuales las oposiciones fueron virtualmente inexistentes, tanto por su marginalidad como por la falta de compromiso y agallas de sus diputados. Negociar con el partido en el poder resulta más lucrativo que presionar, así sea en desventaja, para abrir expedientes guardados bajo siete llaves. Ocupar por primera vez la presidencia de la junta de gobierno del Congreso le brinda al PAN la oportunidad excepcional de elaborar una agenda ciudadana, sin personalismos ni fines electoralistas. El clamor para investigar y castigar actos de corrupción del moreirato es imprescriptible e igual deberían serlo esos delitos.
Mas no solo el Poder Legislativo fue cómplice de ese par de gobiernos infaustos y venales; también el Judicial. Una somera revisión del historial de algunos de sus miembros —profanos en la materia— basta para descubrir la marca y los intereses del clan. Para más inri, Homero Ramos Gloria, muñidor de los Moreira —encargado del Instituto Electoral, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde congeló las denuncias por la deuda, las empresas fachada y otras irregularidades—, recibió como premio una sinecura en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Justo ahora se ha desatado una lucha por el control del Poder Judicial. Miriam Cárdenas, quien durante el moreirato presidió la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, ocupó una curul federal y fue nombrada magistrada, terminará este año su ejercicio como presidenta del TSJE, pero la constitución le permite reelegirse para un segundo periodo. La pugna ocurre en el contexto de un megafraude en el Infonavit —de alcance nacional— que involucra a exgobernadores, empresarios, magistrados, jueces y secretarios de estudio y cuenta.
El caso le ha permitido a Cárdenas presentarse como una mujer dispuesta a limpiar una de las instituciones más desprestigiadas, así sea parcial y tardíamente. El escándalo por el despojo de viviendas a millares de derechohabientes del Infonavit pone contra la espada y la pared al polémico magistrado lagunero Jesús Sotomayor Garza, aspirante a la presidencia del TSJE. Una de las aficiones del cacique judicial ha sido el culto a su propia persona. De nada le sirvió: hoy está a un paso de la hoguera, lo cual no garantiza en absoluto el saneamiento de la judicatura.
