Los gobernadores fueron los amos del país durante los 18 últimos años. A escala local, su poder excedió al de tres presidentes. Las legislaturas, los tribunales de justicia, la mayoría de los órganos supuestamente autónomos y amplios sectores de la prensa estaban a su servicio. Vicente Fox los forró de dinero, les dio carta blanca y después se desentendió de ellos. Deslegitimado por la sospecha de fraude electoral, Felipe Calderón no pudo someterlos y fue sistemáticamente boicoteado desde los estados, donde la delincuencia organizada infiltró a las policías y sobornó a las autoridades. Peña Nieto premió con impunidad los desmanes de quienes le aportaron votos y presupuesto para instalarlo en la silla del águila. Los tres son corresponsables de la crisis de seguridad y de la corrupción en México.
El nuevo escenario obliga a los antiguos virreyes a adaptar planes, políticas y conductas al modelo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en tres temas prioritarios: seguridad, combate a la corrupción y austeridad. Cada gobernador es vigilado ya por un coordinador general, con línea directa a Palacio Nacional (en Coahuila es Reyes Flores Hurtado) y facultades extraordinarias. Además de ejercer el gasto social, los superdelegados tendrán un asiento en los gabinetes estatales de seguridad, no como cabezas, pero sí con la representación presidencial.
En su primera reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el 4 de diciembre en Palacio Nacional, AMLO cortó uno de los nudos gordianos de su relación con los estados. Los gobernadores presidirán las reuniones de seguridad, con la concurrencia de las fuerzas armadas, pero los secretarios técnicos los nombrará Alfonso Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con los mandatarios locales. La posición no la ocuparán políticos, sino peritos en la materia. Suplantar a los gobernadores era un exceso centralista riesgoso e
inaceptable.
El presidente ha capitalizado el descrédito de los poderes locales y el enfado ciudadano por la corrupción, el endeudamiento, la inseguridad y el enriquecimiento ilícito de clanes políticos para meter en cintura a los gobernadores. El repudio a ellos y a sus partidos (PRI, PAN y PRD) se reflejó en las elecciones de julio. Morena ganó en todo el país, excepto en Guanajuato, y se hizo con una mayoría abrumadora en el Congreso federal. Por si todo ese poder no bastara para maniatar políticamente a los mandatarios y ponerlos a raya, el partido del presidente tiene mayoría en 20 legislaturas estatales, entre ellas las de Estado de México, Ciudad de México y Veracruz donde se concentra casi el 30% de la lista nominal de electores.
Invadir funciones de las autoridades locales contraviene el pacto federal y vulnera la soberanía de los estados. Pero sin apoyo ciudadano y algunos incluso con déficit de legitimidad, los gobernadores no están en condiciones de afrontar a un presidente cuya fuerza sobrepasa la de cualquiera de sus predecesores; incluido Salinas de Gortari, quien defenestró a 16, en algunos casos por quítame allá estas pajas. Aun sin encabezar los gabinetes de seguridad, los superdelegados son un nuevo poder y la mayor cuña para el jefe político de cada estado. AMLO no cometerá el error de Fox, Calderón y Peña, quienes, por tener manga ancha, perdieron el control del país y al final pagaron las consecuencias.
