La iniciativa para modificar la Ley Minera, que presentó Angélica García Arrieta, no debe aprobarse, ya que todo lo que plantea, ya está contemplado en otras leyes, dijo el senador de Morena, Armando Guadiana.
En rueda de prensa, el también empresario minero comentó que no se le consultó sobre esa iniciativa, que provocó la caída de las acciones de los consorcios mineros. Y mencionó que inversionistas del ramo de Canadá y Estados Unidos le hablaron para pedirle “que pusiera orden”.
Por ello, pidió a sus compañeros de bancada que dejen el protagonismo y antes de presentar una iniciativa sobre “temas sensibles” lo piensen, para no afectar a los mercados financieros.
“Hay muchos senadores y senadoras que son muy protagonistas y hacer, y les ganan las ansias de novillero… (les pido) que la piensen, una, dos, tres veces, lo que van a llevar a la tribuna, porque impactan en la actividad económica del país, e impactan en las inversiones tanto mexicanas como extranjeras”, destacó.
Indicó que “los inversionistas se ponen nerviosos al leer cualquier nota de la actividad económica o la actividad del Senado que tenga trascendencia… yo como miembro de la Comisión de Minería yo hubiera preparado una argumentación para decirle que esa iniciativa no tiene objeto, no tenemos porque andar cambiando leyes, reglamentos, por cambiar”.
El senador Guadiana advirtió que convencerá a los integrantes de la comisión de Minería del Senado a que voten en contra de esa reforma. La propuesta de la senadora Arrieta también propone revocar las concesiones, por no realizar un análisis del impacto social de los proyectos y por no ejecutar medidas de mitigación por daños al medio ambiente.
Por ello, argumentó que organizaciones sociales han documentado más de 15 mil conflictos sociales relacionados con la industria minera, por lo que es necesario atender a las pequeñas colectividades donde se extraen minerales porque normalmente las empresas extraen la riqueza del subsuelo, causan daños y no dejan ningún beneficios.
La reforma propuesta busca acabar con “descuidos jurídicos e institucionales” tanto de la Secretaría de Economía como del Servicio Geológico Mexicano, al cual se le faculta a realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignaciones mineras.
En tanto, la Secretaría de Economía podrá establecer zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar las concesiones o asignaciones.
Con información de Milenio
