Rubén Moreira, quien fuera gobernador de Coahuila y actual diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue designado delegado especial para la elección extraordinaria en Monterrey.
El nombramiento se dio a conocer tras una reunión donde el partido se agrupó alrededor de la candidatura de Adrián de la Garza, en el cual estuvo presente la dirigente Claudia Ruiz Massieu y el líder del PRI en Nuevo León, Pedro Pablo Treviño.
Treviño aseveró que era un privilegio ser amigo de Rubén Moreira, quien con su experiencia, “será un delegado que nos ayudará a liderear esta elección”, acotó.
La dirigente nacional del PRI visitará la ciudad el sábado para mantener una reunión estratégica por los comicios en Monterrey.
Esto sucede a pesar de como resultado de las decisiones tomadas por Moreira Valdez como Secretario del Organización del PRI durante la campaña presidencial, el tricolor obtuvo su peor resultado para unos comicios con el 15.5 por ciento, que dejó en tercer lugar a su candidato José Antonio Meade Kuribreña.
Además, el PRI no obtuvo ninguna de las ocho gubernaturas en juego y es la quinta fuerza electoral en San Lázaro, detrás del Morena, PAN, PT y PES.
Rumores de desvíos de dinero para la operación electoral, cifras falsas e infladas presentadas a Peña Nieto y Meade son parte de las versiones que circularon como parte de la decisión final de obligarlo a que presentara su renuncia.
Sobre el pasado de Rubén Moreira, vale recordar que fue señalado como beneficiario de sobornos de “Los Zetas” en un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Texas en noviembre de 2017.
Hace poco más de dos años, el 16 de agosto de 2016, exmiembros de “Los Zetas” confesaron, en una corte de Texas, que este grupo criminal ejecutó la matanza de 300 personas en Allende y Piedras Negras, Coahuila, con la complicidad de Rubén Moreira y David Aguillón, entonces Secretario del Gobierno en la administración estatal.
Además, sobre Rubén Moreira pesan múltiples irregularidades cometidas durante su gobierno y el manejo “ineficiente y poco transparente” de recursos federales denunciados por la misma Auditoría Superior de la Federación, que tan solo en el año 2016 presume se cometió un daño a la hacienda federal por un monto de 837 millones de pesos, que sumados al informe elaborado por la “Fitch Ratings” donde se reveló que hasta el dinero para pagar la deuda pública fue desviado en la pasada administración estatal, pues durante los últimos dos meses del gobierno anterior (Octubre y Noviembre de 2017) el 66 % del fondo de reserva del Fideicomiso Maestro para el pago de la deuda, donde se habrían retirado ilegalmente 1,000 millones de pesos de los cuales jamás dio explicación alguna sobe su uso y destino.
O el caso donde de nuevo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Coahuila “extravió” 302 millones 112 mil 500 pesos que debió entregar a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en el ejercicio fiscal 2016 o el informe en donde la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila encontró un posible quebranto del gobierno estatal 2011-2017 de 410 millones 61 mil 771.56 pesos otorgados en contratos a 13 empresas supuestamente “fantasma”.
Todas estas acusaciones de corrupción y de probables desvíos financieros, que se suman a los cientos los ataques a la libertad de expresión y las múltiples recomendaciones de violaciones a los derechos humanos cometidos por los órganos de seguridad del estado en el sexenio pasado, hechos que convirtieron a Rubén Moreira y a su gobierno como el más repudiado en la historia moderna de Coahuila, no valieron de nada pues a pesar de su desprestigio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo ha designado ahora como delegado especial para la elección extraordinaria en Monterrey.
Con información de Reforma y Reporte Índigo
