Diecinueve palabras dedicó Claudia Ruiz Massieu a la causa por la cual el PRI perdió la presidencia y el control del Congreso, y un año antes también estuvo a punto de costarle la gubernatura: “La mayor debilidad que tiene el partido es el tema de la rendición de cuentas y de la corrupción”, dijo la sobrina del expresidente Salinas el 6 de octubre en Saltillo, durante una rueda de prensa. La líder priista no ganó las ocho columnas, sino una investigación de Grupo Zócalo: “Saquean UAdeC con empresas fantasma. Arman red para desviar más de $400 millones”.
La nota señala como responsable al exrector Blas Flores, actual secretario de Finanzas, quien dirige la tercera renegociación de la deuda, la cual ronda los 40 mil millones de pesos. Flores renunció a su asiento en la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), diseñado y puesto en marcha por Rubén Moreira al final de su gobierno. En un comunicado difundido el 16 de abril, la Alianza Anticorrupción Coahuila (AAC) pidió a la LXI legislatura local —primera en la que el PRI no es mayoría— “asumir un compromiso democrático con la ciudadanía” para revisar y vigilar los procesos de implementación del SEA aún pendientes.
El organismo, formado por más de 100 colectivos, cámaras empresariales, universidades y sindicatos, advierte a los diputados: “La problemática de la corrupción e impunidad que mantiene a nuestra entidad en un deterioro social, de salud, económico, ecológico, educativo, y cultural nos conmina a continuar los esfuerzos por construir instituciones de combate a la corrupción realmente eficaces, honorables e independientes políticamente”.
Para reactivar el “tema anticorrupción” en la agenda legislativa, AAC propuso: “1. Revisar, y en su caso reestructurar, la (…) Comisión de Selección del SEA mediante un proceso público que asegure la auténtica participación ciudadana para garantizar la autonomía e independencia de la totalidad de sus integrantes; 2.Integrar la Comisión Anticorrupción con la participación de miembros de las cinco fracciones partidistas representadas (…) en el Congreso; 3. Reforzar, y en su caso reformar, con la participación de los ciudadanos, la legislación del SEA (…); 4. Establecer formalmente espacios de diálogo y trabajo con la ACC para incorporar las propuestas de esta organización (…) a las iniciativas legislativas; y 5. Establecer la práctica de parlamento abierto durante la revisión del SEA, como principio que garantice la transparencia en dicho proceso”.
La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del SEA rindió protesta el 1 de septiembre de 2017, tres meses antes de concluir Rubén Moreira su mandato. Cuatro integrantes de la comisión original, compuesta por nueve representantes, participaron en los dos últimos gobiernos: Blas Flores fue tesorero y rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; Luis García Abusaid, secretario técnico en la administración de Humberto Moreira; María del Carmen Ruiz Esparza, directora del Instituto Estatal de Educación para Adultos (actualmente es subsecretaria de Educación); y Carlos Arredondo, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
La demanda de la AAC para dotar al Sistema Estatal Anticorrupción de “verdadera autonomía e independencia política (y) asegurar su incidencia real y eficaz en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, no es gratuita: Sandra Rodríguez Wong, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, trabajó para Rubén Moreira como directora jurídica; y el fiscal anticorrupción, Jesús Flores Mier, se integró al equipo de Humberto Moreira desde la alcaldía de Saltillo.
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