El hecho denunciado por el periódico Noticias de El Sol de La Laguna, respecto de un entramado en el que están coludidos empresarios, coyotes, personal del poder judicial y del Infonavit para despojar ilegalmente de sus viviendas a muchos trabajadores de la región y de varias partes del país, sólo viene a reiterar una cosa:
Que la corrupción está institucionalizada en este país, y que no pueden dar este tipo de acciones, así como tampoco la existencia de empresas fantasma, ni la operación de empresas que no cuentan con ningún tipo de permiso, sin que se dé la complicidad desde dentro de las instituciones de Gobierno.
La existencia de empresas fantasmas mediante las cuales según el propio SAT de 2014 a la fecha se han facturado cerca de ¡dos billones de pesos!, y cuyo monto sólo de enero a agosto creció en cerca de 600 mil millones de pesos, no puede ser posible sin que desde muy adentro de la Secretaría de Hacienda exista una cadena de complicidad, y si no, de ello puede dar claro ejemplo millones de pequeños y medianos empresarios de este país, a los que la SHCP les niega el alta por la ausencia o la presencia de más de una coma, y cualquier pequeño detalle es suficiente para que le impongan multas con sus respectivos recargos y gastos de ejecución, amén de congelarles la cuenta bancaria o cerrarles el ‘changarro’.
Igualmente no puede ser posible que hasta que se registra una tragedia –como el derrumbe del Colegio Rébsamen tras el sismo de septiembre del año pasado, o el desplome del centro comercial la semana pasada en Monterrey, o la muerte de un motociclista que cayó a una gran zanja en Torreón y se ahogó entre las aguas negras-, y que sólo después de esos hechos, las autoridades salgan con que los responsables de las obras no contaban con los permisos correspondientes para tener en marcha una obra o haberla concluido con dimensiones distintas a las que se les habían autorizado.
¿Usted cree que las autoridades correspondientes no se dieron cuenta lo que se construyó en el Rébsamen, que en Monterrey no se dieron cuenta que se estaba construyendo un centro comercial, o que en Torreón ni cuenta se dieron que una empresa particular rompió el pavimento, realizó una gran excavación sin el mínimo de requerimientos de protección civil en una calle de la ciudad?
De tal forma que no son creíbles las versiones oficiales, por ejemplo, en Monterrey, que la obra había sido clausurada desde diciembre porque ya se les había caído una barda, pero tenía 10 meses operando fuera de la ley; o en Torreón que la obra no era ni del municipio ni del estado, sino de una empresa particular subcontratada por un gran consorcio minero.
La única explicación lógica y creíble, es la enorme cadena de corrupción hacia el interior de las dependencias y gobiernos de los tres niveles. Como se ha puesto de manifiesto en Hacienda y ahora en Infonavit, además de gobiernos estatales y municipales. No se entiende de otra manera.
@JulianParraIba
