Las transiciones presidenciales en México son demasiado prolongadas y algunas,
como la actual, han puesto en riesgo la estabilidad del país. El abandono de las
responsabilidades y el vacío dejado por Enrique Peña Nieto incluso antes de las
elecciones de julio, en las cuales su partido (PRI) quedó reducido a escombros, lo
cubre mediáticamente Andrés Manuel López Obrador, pues aún no tiene
facultades para tomar decisiones de Estado, y lo aprovechan los grupos de interés
y la delincuencia organizada.
En ese interregno surgió el conflicto en la UNAM y la violencia se recrudeció.
Cuando el relevo era entre priistas, el sucesor administraba sus presentaciones
públicas para no eclipsar a quien le había heredado la presidencia. El soberano
disponía hasta de cinco meses —entre la elección y la toma de posesión— para
asimilar el impacto por la pérdida del poder, recibir honores —tan fingidos como
inútiles y efímeros—, borrar huellas y entregar la casa en orden simulado, con la
seguridad de no ser perseguido.
Vicente Fox, el presidente de la primera alternancia, respetó la tradición.
Tampoco tenía argumentos para disputarle espacios y reconocimiento a Ernesto
Zedillo, quien, en su primer contacto el 3 de julio de 1994, le hizo una sola
recomendación: “No moverle a la economía” —dicho por el panista—. Además
de promover las reformas que posibilitaron el cambio pacífico de partido en el
gobierno, Zedillo finalizó el ciclo de las crisis financieras y devaluatorias que
caracterizaban los finales de sexenio, desde Luis Echeverría (1970-1976) hasta
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
En el gobierno zedillista no hubo grandes casos de corrupción, y menos que lo
involucraran a él o a su familia; la administración de Peña Nieto, en cambio,
estuvo plagada de escándalos. Zedillo ha sido el primer presidente que, sin
aspavientos, atacó la corrupción y los abusos del círculo más cercano de su
predecesor. Raúl Salinas de Gortari pasó 10 años en prisión por delitos de
enriquecimiento ilícito (Suiza le congeló cuentas por 160 millones de dólares),
lavado de dinero y el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu
(padre de Claudia Ruiz Massieu, presidente del PRI) de los cuales fue absuelto.
En una declaración semejante al “perdón y olvido” del presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, Fox abandonó entonces el discurso anticorrupción y alzó
la bandera blanca: “No vamos a mirar mucho al pasado porque nos interesa más
el futuro (tampoco) queremos ir por la vía del borrón y cuenta nueva (ni) caer en
una cacería de brujas”. (El País , 04-07-2000). La claudicación temprana de Fox
para atacar el flagelo constituyó una de las principales traiciones del “gobierno
del cambio” que todavía hoy más se le reprochan.
Fox liberó a Raúl Salinas en el penúltimo año de su administración y el
Pemexgate, el caso más sonado de corrupción investigado en su sexenio, expiró
en 2011. Ninguno de los responsables purgó prisión por desviar mil 500 millones
de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida. El PRI pagó una multa
por mil millones de pesos, y asunto arreglado. Pemex, una de las cajas chicas del
gobierno y su partido, terminó por quebrar en el gobierno de Peña Nieto. El líder
petrolero Carlos Romero Deschamps, uno de acusados del peculado electoral,
aparece entre “los 10 mexicanos más corruptos de 2013” de la revista
Forbes
.
Rogelio Montemayor, a la sazón director de Pemex, fue absuelto y ahora preside
el Clúster de Energía de Coahuila, cuyo principal negocio será el gas en la Cuenca
de Burgos mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking), si AMLO lo
permite.
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