Con 23 votos a favor, cinco en contra y la ausencia de un diputado de Morena y otro del PT, el jurado de acusación del congreso de Nayarit responsabilizó al exgobernador, Roberto Sandoval, de manejo indebido de recursos y violaciones graves a la Constitución Política y leyes locales, por lo que buscarán que la Comisión Enjuiciadora lo inhabilite por 12 años, 10 meses y 15 días.
Sin embargo, la sanción podría no entrar en vigor debido a que el exmandatario goza de una suspensión definitiva otorgada por el juez quinto de Distrito de Amparo en materia penal en Jalisco. así lo señaló el presidente del Poder Legislativo estatal, Leopoldo Domínguez.
“El congreso se ha apegado a lo que la ley le permite, a lo que la suspensión de este juez nos está observando, y es muy claro cuando dice, continúa con el procedimiento solamente te ordeno que no se erija el pleno en comisión de sentencia”, expuso Domínguez.
El diputado también informó que, en días pasados, el Legislativo interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, respecto a que el juez en materia de amparo ha otorgado el mismo beneficio a exfuncionarios y magistrados ligados a Roberto Sandoval.
“Curiosamente los casos de Roberto Sandoval y otros funcionarios acaban con el mismo juez; ahí hay algo oscuro que no podemos determinar y le estamos pidiendo que se aclare o en su caso se sancione” apuntó.
Los asientos que esperaban a Roberto Sandoval o sus abogados quedaron vacíos. En cambio, fue leído un escrito, firmado por Sergio Armando Villa Ramos –apoderado del exgobernador-, donde se decía víctima de indebido proceso; alegó que no habían las condiciones para el respeto de sus derechos, además de que no había sido notificado de las acusaciones en su contra.
Resaltó, durante la lectura de constancias, que el exgobernador recibió el expediente de juicio político -JP/CE/07/2017-con 105 fojas, de las cuales 72 contenían las evidencias que lo señalan como responsable de los ilícitos, y fue su representante Laura Hortensia Delgado Murillo quien firmó el recibo.
Por su parte, el representante de los denunciantes, Rodrigo González Barrios, destacó que las violaciones al estado de derecho en las que incurrió el exgobernador afectaron a varios ciudadanos que se dijeron víctimas de extorsiones, despojos, tortura y otros delitos “por lo que debe cerrarse la cortina” de ese capítulo de la historia de Nayarit.
El dictamen fue aprobado por dos diputados del PRI, Armando Vélez y Karla Flores quienes, a cambio de su voto contra Sandoval, exigieron auditorías y en su caso denuncias contra funcionarios del actual gobierno.
Con información de El Financiero
