La acumulación de pequeñas omisiones de la autoridad provoca graves crisis. El caso de la corrupción es uno de ellos y el de la inseguridad y la violencia son otros. Los temas acaparan la agenda nacional por su exposición en los medios de comunicación, pero se la restan a problemas en apariencia menores, cuyo impacto social es enorme. Ocupados en actividades políticamente lucrativas, los gobiernos municipales prefieren buscar reflectores y regodearse en las redes sociales. Saltillo figura entre las ciudades de mayor crecimiento de Coahuila y del país en las últimas décadas, al contrario de Torreón. La metrópoli lagunera no ha podido superar el estancamiento derivado del cambio del modelo ejidal, el abandono federal y la falta de inversión del estado.
Sin embargo, la expansión industrial y la falta de planeación han agravado problemas que pueden convertir el atractivo de Saltillo y la región sureste en desventaja. El desabasto de agua, la saturación vehicular, el déficit de infraestructura vial y un sistema de transporte público anárquico y obsoleto restan competitividad y cada vez afectan más directamente a la población. La atracción de empresas a la región no ha sido acompañada de inversiones que permita a las ciudades soportar la creciente demanda de servicios. El gobernador Óscar Flores Tapia planteó hace más de 40 año un sistema de transporte colectivo entre Saltillo y Ramos Arizpe (hoy sería hasta Derramadero), pero el tiempo no le alcanzó para realizarlo.
Sin obras de ese calado, el uso de automóviles jamás será desincentivado, el calentamiento no cederá y la contaminación tampoco. De haberse optado por una red de transporte público eficiente, en lugar de construir puentes y distribuidores viales, hoy la situación sería distinta. Pero no, se prefirió el relumbrón. En otros países la tendencia es la contraria. En México la política consiste en posponer la solución de problemas, algunas veces para evadir costos políticos. Mientras prevalezca esa visión, las ciudades serán cada vez menos habitables.
Cada inicio de clases pone de relieve la incuria de las autoridades municipales. Si en el país la corrupción y la violencia crecieron a niveles inauditos, se debió en gran parte a que los gobiernos abandonaron sus responsabilidades y en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos, prefirieron mirar hacia otro lado o pactar con las delincuencia. Somos un país que tapa socavones después de sepultar a víctimas de la corrupción en la contratación de obras. La historia se repite cada día. El gobierno de Saltillo ha emplazado patrullas en distintos lugares de la ciudad, más por cuestión de imagen que de efectividad. En el bulevar Venustiano Carranza existe un retorno para ingresar al área de urgencias del hospital La Concepción que, en teoría, es exclusivo para ambulancias; sin embargo, lo utiliza toda clase de vehículos. Cerca de ese lugar, una patrulla con la torreta encendida parece avisar: “Aquí estoy, ¿eh?, pero no veo ni oigo”. La situación no es nueva, aclaro, pero ninguna administración ha hecho nada para corregirla.
Una vialidad altamente conflictiva para legiones de madres de familia que madrugan para transportar a sus hijos a clases es la avenida Universidad, en el tramo de Isidro López a Venustiano Carranza, donde la vigilancia es nula. La falta de cortesía y de respeto al reglamento causará en cualquier momento un accidente grave que el gobierno lamentarán en lugar de haberlo prevenido. Universidad es un pandemonio y tratar de cruzarla equivale a jugar a la ruleta rusa. En días pasados, un mujer descendió de su coche y dirigió el tránsito. ¿Y las autoridades? En campaña.
