Durante la administración del ex mandatario Rubén Moreira, el gobierno de Coahuila retuvo sin ninguna explicación más de 390 millones de pesos de participaciones federales que le correspondían a los municipios, lo que, según la legisladora panista María Eugenia Cázares, podría derivar en una denuncia penal por desvío de recursos.
El pasado martes, el auditor superior del estado, Armando Plata, se reunió con la Comisión de Auditoría y de Hacienda del Congreso, donde informó que al cierre de 2016 el gobierno estatal no entregó 142 millones de pesos de participaciones federales que todavía le debe a 18 municipios. Mientras que de 2017 la cifra es de 250 millones 422 mil pesos.
“No es posible que si el gobierno federal cumple con el convenio de coordinación, el estado no lo haga. Tiene la obligación de bajar el recurso a los municipios. Es ingreso importante para muchos ayuntamientos. El recurso fue ministrado, entregado de manera puntual al estado. Si se lo gastaron en otros asuntos eso es desvío”, comentó la diputada.
“El auditor hablaba de sanciones por lo menos administrativas, desde un apercibimiento hasta una separación del cargo. Cuando tengamos los documentos, ya tenemos la declaración ocial ante la comisión, en evento público, tenemos que ver a quiénes se denuncia desde la cabeza del Ejecutivo”, adelantó Cázares.
De acuerdo con la diputada, el auditor les informó que en este año ya se estaban pagando de manera formal los adeudos de 2016, pero no los de 2017. Además, les dijo que hay varios convenios de coordinación entre el estado y algunos municipios en materia de impuestos.
Tras comparecer ante diputados del Congreso local ayer, el titular de la ASE, Armando Plata, dio a conocer cifras sobre los ajustes de participaciones federales a municipios en 2016 y 2017, años en los que detectó retraso por más de 100 millones de pesos.
En entrevista, Plata dijo que “por el año 2016 fueron 140 millones más o menos los que dejaron de darles a los municipios y esto fue enmendado en 2018, pagando en efectivo y haciendo conciliación con los municipios. En sí el efecto neto fue de 7 millones a favor del Estado”.
De 2017 están pendientes de pago 250 millones, en este caso la administración tendrá que actualizarse en el pago de los ajustes.
Sin embargo, el auditor se limitó a dar los datos duros, sin entrar en detalles sobre la causa del retraso.
Plata Sandoval presentó la relación de los ajustes de participaciones no pagadas a municipios al cierre de 2016 y 2017. En el caso de Torreón fue de 8.8 millones de pesos y de 7 millones en Saltillo.
En total los ajustes de participaciones con retraso en pago fue de 142 millones. Esto fue enmendado dos años después. El de 2017 está en estudio.
Estos recursos son auditados por la Auditoría Superior de la Federación.
Con información de Vanguardia y El Siglo de Torreón
