El neoliberalismo (“disfraz del capitalismo salvaje”, Víctor Flores Olea, dixit) provocó el debilitamiento de los poderes públicos, el abandono del estado de bienestar y una injerencia de las élites económicas cada vez mayor en los asuntos públicos, en detrimento de la autoridad de presidentes de la república, gobernadores, alcaldes y congresos, sin responsabilidad por sus actos. Andrés Manuel López Obrador pretende retomar las potestades y espacios cedidos por el Estado y acotar los poderes fácticos.
Vigilar a los gobernadores y elevar la presencia federal en los estados también son condiciones para restablecer el orden en el país. Por incuria, debilidad y complicidad, según el caso, Fox, Calderón y Peña se desentendieron de ellos y México paga hoy las consecuencias: corrupción desenfrenada, inseguridad, violencia, endeudamiento, nepotismo y crisis institucional. Si hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari los mandatarios locales habían sido impuestos por el presidente de turno, ninguno de los actuales le debe lealtad a López Obrador. Sin embargo, con un respaldo de 30 millones de votos y mayoría en las Cámaras de Diputados y de Senadores y en 19 legislaturas locales, AMLO será uno de los jefes de Estado y de gobierno más poderosos de la historia contemporánea.
Solo un presidente fuerte y legitimado puede poner a raya los feudos estatales, con los cuales AMLO tampoco está comprometido. Su partido (Morena) ganó en todo el territorio, con excepción de Guanajuato, y sus primeras cinco gubernaturas (Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz; la de Puebla se decidirá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación). Además, a diferencia de las tres últimas elecciones, cuando la mayoría de los gobernadores era del PRI, ahora tendrá solo 12 (el estado con más peso en su poder es el de México), los mismos que el PAN.
Con la experiencia de tres campañas presidenciales y dos para gobernador (en Tabasco), su conocimiento del sistema (fue líder estatal del PRI, dirigente nacional del PRD y jefe de Gobierno de Ciudad de México), el acoso de Salinas de Gortari, Fox, Calderón y Peña, y un caudal de información, AMLO posee suficientes recursos para afrontar a los gobernadores, algunos de los cuales podrían ser investigados en los próximos meses. Para ello decidió sustituir los delegados federales por un coordinador general. Ellos serán sus ojos y oídos en los estados, custodios de los gobernadores, a los cuales cayó la noticia como balde de agua fría.
Los delegados eran técnicos, servidores públicos de carrera, representaban los intereses de la federación y no se inmiscuían —al menos abiertamente— en política partidista. Empero, a partir de Fox (PAN), las representaciones sirvieron para pagar favores políticos. Calderón siguió la misma línea, pero Peña empeoró las cosas: entregó el control a los gobernadores, quienes convirtieron a los delegados en sus empleados y en activistas del PRI. En una de gira por Saltillo, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio, cesó a su representante en Coahuila por su entreguismo a Rubén Moreira y a su proyecto sucesorio.
Las delegaciones devinieron fuente de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y vertedero de políticos reciclados, también para pagar lealtades. A partir del 1 de diciembre, el control de las dependencias federales volverá al poder central. Algunos gobernadores ya han sacado la bandera blanca en señal de rendición.
