Imposible pasar página al tema de la deuda impuesta por los Moreira a varias generaciones de coahuilenses. No, mientras no se aclare —centavo por centavo y partida por partida— el destino de más de 36 mil millones de pesos que una banca cómplice y usurera entregó al gobierno sin respetar las normas; no, mientras los responsables del desfalco sigan libres y ostenten vida de ricachos; no mientras sus secuaces sean hoy prósperos inversionistas en bienes inmuebles; no, mientras el colapso del sistema sanitario cauce más muertes. Y no, mientras los ciudadanos tengan memoria.
La administración estatal inició un nuevo proceso para reestructurar los pasivos, en “busca (de) mayor liquidez para fortalecer obras, programas y seguridad pública”, dice en un comunicado. Sería la tercera renegociación. La primera correspondió, en medio de la crisis, al gobernador interino Jorge Torres, y la segunda a Rubén Moreira, solo para ahondarla aún más. La reestructura, hasta por 37 mil millones de pesos, la aprobó la pasada legislatura bajo el decreto 958, el 22 de septiembre de 2017.
La idea original era reestructurar los pasivos a finales del sexenio pasado, para evitarle ese trago amargo a Miguel Riquelme, pero algo modificó el proyecto. Quizá el conflicto poselectoral o el temor de que el nuevo Congreso local, donde el PRI no tiene mayoría, reabriera el expediente de la deuda o bloqueara la iniciativa. En cualquier caso, la renegociación es necesaria para tener márgenes de maniobra ante un futuro económico incierto. La derrota del PRI en las elecciones del 1 de julio plantea también dificultades. Con Enrique Peña, Luis Videgaray y José Antonio Meade, Rubén Moreira tenía abiertas las puertas de Los Pinos y de Hacienda. Podía dormir tranquilo. Con AMLO en la presidencia y sus coordinadores en los estados, las cosas serán diferentes para Riquelme.
El monto actualizado de la deuda bancaria asciende a 36 mil 121 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas. Es prácticamente la misma de hace ocho años, cuando Humberto Moreira ya había dejado el gobierno y despachaba como presidente del PRI. Su hermano y sucesor, Rubén, contrató nuevos créditos. En ese lapso se han pagado alrededor de 20 mil millones de pesos de intereses. ¿Dónde está el beneficio para el estado? No lo hay, pero en cambio existen nuevos ricos.
El proceso de reestructuración culminará en noviembre y el resultado podría ser el plato fuerte del primer informe del gobernador Miguel Riquelme, pero no es aún seguro. Su aprobación dependerá de una “mejora sustancial” en el servicio de la deuda, la cual se garantizará con el 94.23% del Fondo General de Participaciones, sin comprometer el 25% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del diésel y la gasolina.
Los plazos para amortizar los créditos se amplían en cada renegociación. El propósito consiste en obtener recursos para sostener al gobierno y atender los sectores prioritarios (educación, salud, seguridad…). Si la tercera reestructura se formaliza y no hubiera otra, Coahuila terminaría de pagar los 36 mil millones de pesos y su servicio hasta el año 2048, o sea dentro de tres décadas. Una eternidad y una injusticia enorme e inaceptable. A casi un año de haber entrado en funciones, el Sistema Estatal Anticorrupción, cuya raíz es moreirista (la Iglesia en manos de Lutero), sigue sin decir, en el tema de la deuda, esta boca es mía.
