Corría el es de mayo del año 2011. Era el arranque formal de su campaña realizado en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler en la ciudad de Saltillo, cuando el entonces candidato a gobernador de Coahuila Rubén Moreira, expuso ante un auditorio lleno, que su el suyo sería “un gobiernos responsable, democrático mesurado, transparente e incluyente, “con una nueva dimensión en la rendición de cuentas que no tendrá precedentes en el país”. Y remato diciendo: “De la seguridad me encargo yo”.
Pero los hechos y los informes de fuentes oficiales lo contradicen: Su gobierno no rindió cuentas, tampoco fue democrático y de su frase “De la seguridad me encargo yo” se ve opacada cuando se puede comprobar que los fondos públicos destinados a esa seguridad que la que se iba a encargar, fueron desviados en forma ilegal.
Todo eso se desprende Del informe de la Cuenta Pública del año 2016 que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la administración estatal del exgobernador Rubén Moreira, que encontró irregularidades graves como que deposito a cuentas bancarias no autorizadas, 73 millones 209 mil pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados (FASP). Del mencionado Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados (FASP), los auditores federales alcanzaron a revisar 177 millones 353 mil pesos de los 217 millones 873 mil pesos que el Gobierno Federal depósito a Coahuila en el ejercicio fiscal 2016.
Como resultado, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que 73 millones 984 mil pesos fueron depositados en cuentas bancarias que no estaban autorizadas. Este hecho considerado como un acto ilegal y que en palabras del Auditor Superior del Estado de Coahuila, Armando Plata Sandoval, esto se trata de ” Una falta grave transferir de una cuenta bancaria a otra los recursos federales asignados a una entidad.
La conclusión de la Auditoría es que tan solo en el año 2016, durante la administración del exgobernador Rubén Moreira, actual Secretario de Organización del PRI, el “Gobierno del Estado de Coahuila no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio”.
