“Esta extradición manda un mensaje global a todos aquellos acusados por aprovecharse de su situación política para realizar narcotráfico y otras actividades criminales: serán llevados ante la justicia”. La advertencia no es del gobierno federal, de alguno de los presidenciables ni del procurador virtual. Tampoco de un funcionario norteamericano de alto rango, sino de Will R. Glaspy, agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), en relación con Tomás Yarrington Ruvalcaba.
El exgobernador de Tamaulipas (1994-2005) fue arrestado el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, y extraditado el mes pasado a Estados Unidos, donde se le acusa de extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario, de acuerdo con un comunicado de la DEA. Yarrington —diputado federal (1991-1992) y alcalde de Matamoros (1993-1995) por el PRI— recibió dinero de los carteles del Golfo y Los Zetas durante su campaña, y como gobernador lavó dinero para ambas organizaciones, según un testigo protegido de la DEA.
En 2012, la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cifró en 8.5 millones de dólares el monto de los sobornos e incluyó al cartel de Juárez en las operaciones. Yarrington también es acusado de participar en la conjura para asesinar al candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, el 28 de junio de 2010. Eugenio Hernández, coordinador del comité de financiamiento y sucesor de Yarrington, se halla detenido en México desde el 7 de octubre pasado. El gobierno autorizó su extradición a Estados Unidos donde enfrenta cargos por lavado de dinero y por recibir sobornos de un cartel.
La entrega de Yarrington al gobierno de Estados Unidos, en Brownsville, Texas, ocurrió envísperas del primer debate entre los candidatos a la presidencia. Los temas fueron Combate a la corrupción e impunidad; Seguridad pública y violencia; y Democracia, pluralismo y derechos humanos. Ninguno de los aspirantes de oposición se refirióal caso, pese a su relevancia e impacto político. El candidato de la coalición Todos por México (PRI, Verde y Nueva Alianza), José Antonio Meade, tampoco ha fijado una posición con respecto a Yarrington (expulsado del PRI en 2016 por “falta de probidad” y “violaciones al código de ética”) y otros exgobernadores presos por delitos de corrupción, como Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), y el prófugo César Duarte (Chihuahua).
En el debate, Meade atribuyó las detenciones de Duarte, Borge y del panista Guillermo Padrés (Sonora), a investigaciones de la Secretaría de Hacienda cuando él era su titular. Sin embargo, para Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano), el encarcelamiento de exgobernadores es resultado de la alternancia, no de la voluntad política para combatir la corrupción ni de un auténtico Estado de derecho.
Otra de las extradiciones pendientes es la de Juan Manuel Muñoz Luévano, empresario de Matamoros, Coahuila, presunto operador de Los Zetas. Muñoz fue detenido el 18 de marzo de 2016 en su domicilio de Madrid. Está acusado de organización criminal, tráfico de drogas, conspiración para los delitos de asesinato, extorsión y lavado de dinero en Europa. Su extradición a Estados Unidos, ya autorizada por España, tiene en ascuas a políticos coahuilenses, sobre todo a quienes Muñoz habría financiado parte de sus campañas a cambio de protección y otras concesiones.
