Tres departamentos y una nave industrial no bastan para ocultar las montañas de corrupción, impunidad y tráfico de influencia del sexenio; al contrario, las magnifican. El combate al fenómeno permanece atascado en la retórica política, tanto a escala federal como local, sin importar las siglas del partido gobernante. Los sistemas anticorrupción absorben recursos ingentes, en detrimento de la inversión en salud, seguridad y otros sectores prioritarios, pero solo sirven de fachada.
En el gobierno de Peña Nieto, México descendió 30 lugares (del 105 al 135 de entre 180 países) y perdió cinco puntos (de 34 a 29) en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, los niveles históricos más bajos. Cinco días después de iniciada la administración, se publicó el IPC correspondiente a 2012. En ese momento, Huguette Labelle, presidenta de la organización, recomendó: “Los gobiernos deben incorporar acciones contra la corrupción en todas las decisiones públicas. Entre las prioridades están normas más efectivas sobre lobby y financiamiento político, una mayor transparencia de la contratación y el gasto público, y mayor rendición de cuentas de organismos públicos a la población”.
¿Qué hizo el gobierno al respecto en seis años? Muy poco o nada, a juzgar por los resultados del estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, auspiciado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), según el cual ese flagelo es el segundo tema que más preocupa al país (51%), solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia (66%). Los otros son: desempleo (41%), pobreza (36%), mal desempeño del gobierno (35%), mala atención en centros de salud (26%), baja calidad de la educación (14%) y mala aplicación de la ley (13%).
María Amparo Casar, investigadora del Departamento de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y autora del trabajo, advierte en el prólogo de la segunda edición: “A pesar de que la lucha contra la corrupción y la impunidad forma parte de todos los discursos y ofertas políticas de los partidos y gobernantes, ninguno ha mostrado un compromiso real con la disminución de esta práctica. Sigue prevaleciendo entre ellos la costumbre de abusar del poder político en beneficio personal y, después de abusar, la práctica de sustraerse de la justicia”.
Nadie está inmunizado contra el flagelo. “En las empresas y en la sociedad en general tampoco se pueden reportar avances. La mexicana sigue siendo una sociedad dispuesta a practicar la corrupción si piensa que de ella obtendrá beneficio personal; (…) y que se encuentra alejada de la cultura de la legalidad, indispensable para que la democracia adquiera significado”, señala Casar, ganadora del King´s College Prize (1979).
Entre los muchos pozos sin fondo creados bajo distintas figuras para salvar las apariencias, el de la lucha contra la corrupción es uno de los más profundos: en 2004, (cuarto año del gobierno de Vicente Fox) cuando México ocupaba el lugar 64 en el IPC, el gasto fue de tres mil millones de pesos; en 2017 (penúltimo año de la presidencia de Peña Nieto) la cifra se disparó a siete mil millones. Sin embargo, en lugar de ascender en la clasificación de TI, nuestro país retrocedió 71 lugares. Los políticos y la burocracia han convertido el combate a la corrupción en trampolín y en un nuevo negocio. Un ejemplo: Ximena Puente, hasta hace poco comisionada del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), es candidata del PRI a diputada plurinominal.
