Ahora que las campañas para la presidencia y el Congreso han iniciado, conviene tener presente que las elecciones para gobernador del año pasado fueron las más competidas e incluso se resolvieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Del millón 264 mil votos emitidos (60.5% de la lista nominal), 758 mil fueron contra el PRI y 482 mil para su candidato Miguel Riquelme. Fuera de los llamados a la reconciliación, de su compromiso de “gobernar para todos” y de su acercamiento con líderes agraviados y perseguidos en el sexenio anterior, el gabinete y las primeras iniciativas de ley de Riquelme no reflejan esa realidad ni toman en cuenta la demanda de castigar el desvío de recursos en las dos últimas administraciones y de sustituir el Sistema Anticorrupción, diseñado por su predecesor Rubén Moreira, por uno realmente funcional.
La energía social que el 6 de junio desbordó calles en Saltillo y Torreón para protestar por el resultado de las elecciones brindaba a los excandidatos de oposición, agrupados en el frente Por un Coahuila Digno, la oportunidad de convertirse en un contrapeso para vigilar al primer gobierno dividido y abrir espacios de participación política. Sin embargo, su horizonte no iba más allá de anular el proceso, lo cual finalmente no ocurrió por el control del gobierno y del PRI sobre el TEPJF. La pregunta ahora es: en los comicios del 1 de julio próximo para presidente, senadores, diputados federales y alcaldes, ¿cómo votarán las legiones que el año pasado lo hicieron contra los Moreira?
¿Tiene ya Riquelme el mando político del estado después de 12 años de moreirato? ¿Deciden los secretarios del gobierno por sí solos o todavía consultan algunos con su antiguo jefe Rubén? ¿Le reciben las llamadas? ¿Manda todavía Carlos Moreira en el sector educativo que tomó como rehén y negocio familiar desde hace lustros en perjuicio de la calidad de la enseñanza? ¿Qué tanto confunde al gabinete y a los alcaldes priistas —ninguno de ellos todavía con cualidades de líder— el protagonismo de Rubén Moreira? ¿Piensan y actúan más en función de su futuro político que en sus responsabilidades
¿Alcanzan los tentáculos del moreirato a la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) en cuya rectoría se refugió Jorge Verástegui, secretario de la Función Pública y de Salud (donde la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por 65 millones de pesos en el ejercicio 2016) en el gobierno de Rubén Moreira, y efímero secretario del ayuntamiento de Saltillo? ¿O fue el poder económico, al que en otro tiempo sirvió, quien le rescató?
¿Tienen ya Riquelme y su equipo el control del sistema de espionaje operado por Moreira II, quien dedicaba las primeras horas de cada mañana a escuchar, con euforia patológica, grabaciones de sus enemigos, reales o ficticios, (políticos, empresarios, colaboradores, líderes religiosos, periodistas) para después organizar con su alter ego, David Aguillón, campañas negras? ¿Le siguen el ritmo a Riquelme sus colaboradores o prefieren la grilla y el futurismo en sobremesas eternas?
El compromiso de Miguel Riquelme con Rubén Moreira ya expiró; al rendir protesta como gobernador, su única obligación pasó a ser con los coahuilenses, ya ni con su partido, cuyo voto significó apenas el 38% del emitido el 4 de junio. La mayoría de los coahuilenses prefirió otras opciones. La alternancia se malogró por la mezquindad de los candidatos de oposición. El momento para unirse era antes de las elecciones, no en la derro
