El moreirato no se ha ido ni se irá, habrá que echarlo y solo quien tiene el poder para hacerlo y tomar definitivamente el control político del estado es el gobernador Miguel Riquelme. Los coahuilenses hicieron su parte en las elecciones del 4 de junio de 2017, cuando la mayoría votó contra los desafueros de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Sin embargo, la cortedad de miras de las oposiciones frustró la alternancia y el PRI se hizo con el poder por otros seis años, con los cuales completará 94 en 2023 de manera ininterrumpida.
Riquelme —primer gobernador lagunero en más de medio siglo— podría aprovechar el descontento contra sus predecesores para fortalecerse y ganar legitimidad en un estado con crisis de liderazgo. La ruptura con el moreirato no necesariamente debe ser espectacular, bastaría enviar señales a los coahuilenses, a su partido e incluso a su gabinete sobre la inexistencia de un maximato, informar acerca del estado en que recibió la administración, esclarecer el destino de la deuda por más de 38 mil millones de pesos e investigar y castigar las empresas fantasma a las cuales se desviaron 410 millones de pesos, así como otras irregularidades detectadas por las auditorías superiores del estado y la federación.
Resulta difícil cambiar de la noche a la mañana las estructuras y modificar las conductas e inercias creadas bajo la férula de los hermanos Moreira, cuya furia, codicia y ansia de poder trastocaron el orden político, social y moral del estado, envilecieron las instituciones y hundieron a Coahuila en la peor crisis financiera de su historia. Humberto Moreira, expulsado del PRI por haberse postulado por otro partido para diputado, busca espacios para regresar a la arena política; Rubén Moreira trata de influir en decisiones locales desde la secretaría de Organización del PRI; Carlos Moreira controla las secciones V y 38 del SNTE y la Secretaría de Educación desde hace dos sexenios; y Álvaro Moreira maneja la estructura electoral del PRI.
Riquelme replicó desde su campaña a quienes lo presentaban como extensión de Humberto y Rubén, que su apellido no es Moreira. Sin embargo, el activismo de los hermanos crea confusión. Los actuales secretarios de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre; de Medio Ambiente, Eglantina Canales; y de Cultura, Ana Sofía García Camil, lo fueron también en el gobierno de Rubén Moreira. José María Fraustro, quien ocupa la Secretaría de Gobierno, fue líder del Congreso en la anterior legislatura; y José Blas Flores, secretario de Finanzas, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Pero mientras algunos de los principales operadores y cómplices del moreirato, como David Aguillón, presidente de la Fundación Colosio, perdieron influencia política y privilegios económicos, piezas del mismo tablero encontraron acomodo en distintas áreas del gobierno, en el
Congreso, en el Instituto Electoral y en el Tribunal Superior de Justicia. El derecho que reclaman los Moreira para intervenir en los asuntos del estado se basa en una distorsión de la realidad: Riquelme colaboró en los gobiernos de Humberto y Rubén y este le allanó el camino hacia la gubernatura, pero ellos mismos estuvieron a punto de hacerlo perder por sus excesos y por el desprestigio de la marca. Las cuentas están saldadas. Ahora solo falta hacérselo saber al clan, pero sobre todo a los coahuilenses, los cuales, mientras no aprecien una separación clara y objetiva, verán con sospecha y escepticismo a la nueva administración.
