Entre menos son las garantías para la prensa y las organizaciones no gubernamentales, mayor es la corrupción y el número de periodistas y defensores de los derechos humanos asesinados, lo cual es “alarmante”, advierte Transparencia Intencional (TI) en el informe presentado el 21 de febrero pasado en Berlín, donde tiene su sede. En los dos últimos años, México descendió 40 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), al pasar del lugar 95 al 135 de 180 países clasificados.
Sobre la relación entre corrupción y libertad de expresión, TI cita el caso de Brasil, calificado con 37 puntos en el ranking, donde 20 periodistas fueron asesinados en los seis últimos años. “Los reporteros en Brasil —perseguidos por investigar la corrupción en gobiernos locales y la criminalidad vinculada con las drogas— arriesgan su vida a diario tan solo por hacer su trabajo”.
La situación en México es aún más alarmante: en cinco años y tres meses de gobierno del presidente Peña Nieto, 41 periodistas han sido asesinados (tres en lo que va de 2018; el más reciente fue el de Leobardo Vázquez Atzin, en Veracruz) y 24 permanecen desparecidos (Artículo 19). Los crímenes ocurrieron en 16 estados y permanecen impunes: 13 en Veracruz, la mayoría en el sexenio de Javier Duarte, ocho en Oaxaca, tres en Chihuahua y tres en Sinaloa, dos en Tamaulipas, dos en Guerrero y el resto en Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas (uno en cada caso).
Al analizar los resultados del índice y profundizar en la relación entre los niveles de corrupción, la protección de las libertades periodísticas y la participación de la sociedad civil, Transparencia Internacional encontró “que casi todos los periodistas asesinados desde 2012 murieron en países con altos niveles de corrupción”. México, con apenas 29 puntos en el IPC, se localiza en la franja de los más corruptos.
Patricia Moreira, directora ejecutiva de TI, declara que “ningún activista o periodista debería temer por su vida cuando se expresa contra la corrupción. Ante la embestida que sufren hoy en todo el mundo la sociedad civil y los medios de comunicación, debemos hacer más para proteger a aquellos que denuncian este fenómeno”.
El estudio, apoyado en datos del Comité para la Protección de los Periodistas, “muestra que, en los últimos seis años, más de nueve de cada diez periodistas fueron asesinados en países con puntuaciones de 45 o inferiores en el Índice de Percepción de la Corrupción. Esto implica que, en promedio, cada semana al menos un periodista es asesinado en un país con altos niveles de corrupción. Asimismo, uno de cada cinco periodistas que murieron estaba trabajando en investigaciones sobre corrupción. (…) en la mayoría de los casos nunca se hizo justicia”.
El análisis muestra también “que la mayoría de los países que obtienen una puntuación baja en cuanto a libertades civiles también suelen recibir altas calificaciones de corrupción. Las campañas de desprestigio, el acoso, las demandas y los escollos burocráticos son algunas de las herramientas usadas por ciertos gobiernos para acallar a quienes impulsan iniciativas contra la corrupción”. Moreira apremia “a los gobiernos que se esconden detrás de leyes restrictivas a que las desactiven inmediatamente y permitan una mayor participación cívica”.
El año pasado fueron asesinadas 312 personas dedicadas a la defensa de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, según el informe de Front Line Defenders, con sede en Dublín, publicado el 22 de enero pasado. El 80% de los casos se registraron en Colombia (91), Brasil (65), Filipinas (60) y México (31).
