Cuando la democracia de un país se sujeta, como uno de los requisitos, para establecer partidos y/o candidatos, los resultados y el avance de los procesos de elección sobre todo de selección de gobiernos, son pobres y seguramente no abonan a lograr un verdadero combate a la corrupción y la impunidad.
Recientemente el Instituto Nacional Electoral rechazó el registro de tres aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia de la República, porque su proceso de recolección de firmas no cumplió con los requisitos previamente establecidos.
En el estado, 14 organizaciones que buscaban registrarse como partidos políticos, tampoco lograron su cometido ante el Instituto Electoral de Coahuila, por incumplir, entre otras cosas, con las firmas correspondientes.
Y es que, como parte de uno de los requisitos, la solicitud de firmas no es un proceso negativo, antiguo o innecesario, sino que su fiscalización y evaluación, está sujeto a criterios subjetivos, tanto en la recolección, la entrega y su revisión ante las autoridades.
La democracia mexicana regulada por partidos políticos y gobernantes, contempla entonces, que éste, el requisito de las firmas, es el más complicado y laborioso para lograr una candidatura o la legalización de un partido político.
Sin embargo, el mismo marco legal propuesto y aprobado por los propios partidos y ejecutado por el INE, proyecta severos errores en su concepción y sobre todo en su aplicación de campo.
Un ejemplo palpable de lo anterior, es que el sistema electrónico que estableció el INE y sus consejeros, mostró serias deficiencias al comenzar el proceso de recolección y los errores costaron al menos una semana de retraso para los aspirantes a candidaturas independientes, situación que sin duda será parte de las apelaciones de los 4 aspirantes rechazados para aparecer en las boletas electorales.
En ese sentido, es probable que por los tiempos que determina el INE y los tribunales electorales federales, si acaso llegan a participar en la contienda, es probable que no aparecieran en las boletas presidenciales, sin embargo, si los magistrados electorales revocan la decisión del INE, entonces tendría que realizarse un gasto doble, situación que ni afectará e importará a la autoridad y los partidos políticos.
El problema no sólo será mediato, sino que, al árbitro del proceso electoral, tal vez uno de las más importantes en la historia del país, se le cuestionará en todo momento el resultado final de la elección, pues ya desde un inicio, al menos con las candidaturas independientes, puede ser altamente cuestionado por errores que bien merecían la renuncia o cese de varios consejeros del INE.
Esta situación no sucederá, pues las posiciones de los consejeros son negociadas y definidas por los propios partidos, porque muchos de ellos, en esta ocasión pueden perder más de lo que ganaron, por la soberbia en sus decisiones y la falta de efectividad en normas y reglamentos.
A nadie le conviene que hoy independientes (que no lo son o lo son muy poco), que partidos políticos y sus candidatos, cuestionen al arbitro del proceso, sin embargo, cuando él mismo nazareno de la competencia, no tiene la capacidad y el deseo de reivindicarse, no es difícil adivinar que el resultado de la elección sea cual sea, será capital para revolver aún más las turbias aguas de la política nacional.
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