“Para mejorar verdaderamente los esfuerzos contra la corrupción en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben fomentar la voluntad política y demostrar un compromiso sostenido a largo plazo con las reformas anticorrupción”, advierte Transparencia Internacional (TI) con motivo de las elecciones presidenciales de este año en México, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Brasil y Venezuela. “Los candidatos y los partidos políticos tienen una importante oportunidad de incluir fuertes componentes anticorrupción en sus propuestas y plataformas electorales para promover el cambio estructural”.
Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), ha fijado la agenda contra la corrupción y es menos vulnerable que Ricardo Anaya (Por México al Frente) y José Antonio Meade (Todos por México), pues hace 13 años no ocupa un cargo público (jefe de gobierno del Distrito Federal entre 2000 y 2005). La PGR investiga a Anaya por supuesto lavado de dinero y a Meade se le detectaron irregularidades durante su gestión como secretario de Desarrollo Social.
La corrupción le cuesta al país un billón de pesos anuales, de acuerdo con el Banco Mundial, declaró AMLO en una reciente reunión con empresarios de Coahuila. La exacerbación del fenómeno en los últimos años puede explicar por qué el 80% de los mexicanos reprueba al presidente Peña Nieto. Según una encuesta de Reforma (20.07.17) “el 65 por ciento de los 845 líderes entrevistados vía correo electrónico considera que la corrupción es el principal problema del país”, y entre la ciudadanía “por primera vez la corrupción se posiciona como el segundo problema (…) por encima de la economía.”
Uno de los temas que TI somete a la evaluación de expertos para elaborar su índice anual, se refiere a la transparencia, rendición de cuentas y corrupción en el sector público. “Este criterio evalúa en qué medida el poder ejecutivo (presidente) podría llegar a responder ante el electorado, la legislatura y el poder judicial por el modo en que usa los fondos y por los resultados de sus acciones, y el grado en que los empleados públicos del sector ejecutivo deben rendir cuentas por el uso de recursos, decisiones administrativas y resultados obtenidos. Ambos niveles de rendición de cuentas se ven reforzados por transparencia en la toma de decisiones, instituciones de auditoría pública, acceso a la información relevante y oportuna, y escrutinio público y por parte de los medios de comunicación. (…)”.
México es el sexto lugar mundial y el primero en América en transparencia presupuestaria, de acuerdo con el Índice de Presupuesto Abierto 2017 de la Budget Partnership (IBP, por su sigla en inglés). Sin embargo, existe una controversia por el uso discrecional del Ramo 23, “único que no está regulado por la ley”, de acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa (Aristegui Noticias, 27.02.18). El estudio “Arquitectura del Ramo 23” establece que mientras el gasto en ese rubro fue de 56 mil 992 millones de pesos en el periodo 2009-2012, correspondiente a la presidencia de Felipe Calderón, con Peña aumentó a 318 mil 465 millones de pesos en los últimos cinco años.
Si México es líder en transparencia, ¿por qué ocupa la posición 135, con 29 puntos, en el Índice de Percepción de Corrupción de TI? El último lugar (180) lo ostenta Somalia.
