La corrupción política es el eje de las campañas para la presidencia y uno de los factores que más influirán en el voto de millones de mexicanos indignados por el abuso de poder y la falta de justicia. Andrés Manuel López Obrador (Morena) y Ricardo Anaya (PAN) aventajan al candidato del PRI, José Antonio Meade, cuya participación en uno de los gobiernos más venales lo envuelve en la sospecha y hace poco creíble su promesa de atacar el flagelo. La persecución contra Anaya, por supuesto lavado de dinero, y la protección al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, ahondan el enojo ciudadano y el descrédito de las instituciones.
El propio candidato de la coalición Todos por México (PRI, Verde, Panal) ha estado en el ojo del huracán. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 540 millones de pesos durante las gestiones de Rosario Robles y Meade en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre 2012 y 2016. Los recursos se canalizaron a las universidades Intercultural del Estado de México, Politécnica de Chiapas y Tecnológica Nezahualcóyotl para identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria y otras actividades (Animal Político, 10.01.18).
La ASF también descubrió desviaciones por dos mil 130 millones de pesos en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el periodo de 2014 a 2016. Meade ocupó la jefatura de la Sedesol de agosto de 2015 —en sustitución de Robles, quien fue transferida a la Sedatu— a septiembre de 2016. La mayoría de las 126 firmas utilizadas para desviar fondos federales “resultaron ser empresas fantasmas dedicadas a giros distintos de los servicios contratados por las dependencias o que fueron incapaces de acreditar el trabajo que supuestamente realizaron” (Reforma, 22.02.18).
En los casos anteriores y otros aún más relevantes como el de Odebrecht, la multinacional acusada de pagar sobornos y financiar campañas políticas en México y otros países de América Latina, a cambio de contratos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha movido un dedo; y si lo hace, es para amparar a amigos del presidente, como Lozoya Austin. En cambio, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) indaga atropelladamente al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, por el supuesto lavado de 54 millones de pesos en operaciones inmobiliarias.
El 25 de febrero, el exlíder del PAN entregó en la PGR un documento para exigir al encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, informar “sin dilación ni pretextos (…) si de las investigaciones realizadas se desprende alguna conducta mía que, conforme a la ley, pueda ser constitutiva de delito”. Anaya no rindió declaración ministerial, pero acusó a la fiscalía de formar parte de una guerra sucia. “Ya no saben cómo levantar la campaña en ruinas de José Antonio Meade, lo que quiere el PRI es engañar a la gente” (Reforma, 26.02.18).
Sin ver la viga en el ojo de Morena por su sociedad con Napoleón Gómez Urrutia y Elba Esther Gordillo, epónimos de la corrupción, el candidato de Juntos Haremos Historia, López Obrador, pide investigar no solo a Anaya, sino también a Meade por encubrir los desvíos de Rosario Robles en la Sedatu. “Cuando se reparte mal el botín hay motín, ellos son parte de la misma mafia y le entregaron dinero a Anaya, pero ahora lo están exhibiendo”.
