La posición de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017 de Transparencia Internacional (TI), donde ocupa el lugar 135 de 180 países, y la creciente ausencia de castigo que registra el Índice Global de Impunidad 2018 de la Universidad de las Américas Puebla, demuestra la falta de voluntad del gobierno para combatir los fenómenos y ofrece a los candidatos presidenciales elementos para elaborar una agenda seria en materia anticorrupción. Nuestro país descendió 12 lugares en el IPC con respecto al año previo y obtuvo 29 puntos (14 por debajo de la calificación promedio de 43) en una escala de 0 a 100, donde cero es “altamente corrupto” y 100 “muy limpio”.
México está apenas ocho lugares por encima de Guatemala (143), donde los expresidentes Otto Pérez y Álvaro Colom fueron encarcelados por delitos de corrupción. TI reconoce avances significativos en América Latina y el Caribe, y cita varios ejemplos: Chile aprobó en 2016 una ley de probidad pública para prevenir conflictos de interés en el sector gubernamental; Bahamas cuenta ya con una ley sobre el acceso a la información pública; Guyana implementó mecanismos para la contratación pública y Jamaica creó una agencia anticorrupción consolidada para realizar investigaciones.
Mientras en México el Sistema Nacional Anticorrupción no ha pasado de la retórica y ni un pez gordo ha sido enjuiciado por el caso Odebrecht, en Brasil, Ecuador y Perú el escándalo “resultó en sanciones para empresarios y figuras políticas de los niveles más altos (…) debido a su participación en sobornos en financiamiento ilegal a cambio de contratos públicos. En Guatemala, la oficina del abogado y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) están investigando a políticos y hombres de negocios en los casos de corrupción, incluida la financiación ilegal del actual presidente Jimmy Morales. Además, las investigaciones sobre el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, también avanzaron considerablemente”, dice el informe de TI.
Frente a la creación de nuevas leyes, mecanismos y de una creciente movilización ciudadana contra la corrupción, la organización advierte “cierta información inquietante: a pesar de los intentos de combatir la corrupción en todo el mundo, la mayoría de los países avanza demasiado lentamente en sus esfuerzos. Si bien detener la marea contra la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años muchos países han avanzado poco o nada (…)”.
Algunas regiones registran progresos, admite Transparencia, pero “todavía no existen políticas generales para abordar las causas históricas y estructurales en toda la región. Los países que priorizan la lucha contra la corrupción y crean una política nacional a través de censos y participación pública y política están mejor posicionados para dar un importante salto cualitativo. Por el contrario, aquellos países que no priorizan los problemas de corrupción de esta manera pueden perder terreno año tras año”.
En América Latina y el Caribe, los países más exitosos en la lucha contra el flagelo son Uruguay, Barbados, Chile y Costa Rica, ubicados en los lugares 23, 25, 26 y 38 del ranking, con 70, 68, 67 y 59 puntos, respectivamente. México es superado incluso por las islas de San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Cuba, Jamaica y Guayana. Por debajo de nuestro país se encuentran Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.
