México es el país de los bandazos. Cada presidente y gobernador maneja las instituciones a su arbitrio, lo que explica el caos. Coahuila, por ejemplo, dejó de tener secretario de Seguridad Pública en 2009, cuando se creó la Fiscalía General en el gobierno de Humberto Moreira. En su lugar se crearon distintas figuras —entre ellas las de comisionado—, pero el tema se manoseó tanto que el estado terminó por convertirse en tierra de nadie… o de mejor dicho de la delincuencia organizada, según el estudio de la Universidad de Texas “Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río”. La investigación, que entre otras cosas advierte sobre “el involucramiento de los gobernadores de Coahuila entre el 2005 y el 2012”, se presentó el año pasado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Represetantes de Estados Unidos.
Tres años después, Rubén Moreira —hermano y sucesor de Humberto—desapareció la Fiscalía para revivir la Procuraduría del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Moreira II revirtió su proyecto transexenal de justicia y seguridad para estar a tono con el presidente Peña Nieto, quien suprimió la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) para concentrar sus funciones en Gobernación (Segob), lo cual significó, además de un retroceso, el fracaso de la estrategia contra el narcotráfico. La SSP se instituyó en la administración de Fox y continuó en la de Calderón para quitarle el tinte policiaco a la Segob y atender un problema que, por haberse descuidado en el pasado y ahora de nuevo, tiene al país en una nueva crisis de inseguridad con decenas de miles de muertos.
Después de nueve años sin secretario de seguridad (el último, formal, fue Fausto Destenave) el gobernador Miguel Riquelme designó a José Luis Pliego Corona, exdirector de Prevención de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal (dependiente de la Segob), quien asumirá el cargo 23 de marzo, día de San Toribio, uno de los mártires de la persecución religiosa y patrono de los migrantes. Pliego es abogado por la UNAM, maestro en Adminstración Pública por el INAP y cuenta con una amplia trayectoria policial avalada por el CIDE y el CISEN. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de Colombia lo certificaron en Seguridad Pública y Procuración de Justicia en el Plan Mérida, iniciado en 2008 para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México y Centroamérica. Ojalá no resulte como los tecnócratas que ostentan infinidad de diplomas pero en la práctica resultan, en el mejor de los casos, una nulidad.
Pliego fue arropado antes por el Grupo Atlacomulco, cuyos días en Los Pinos están contados. En 2010, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, lo nombró comisario general de la Policía Ministerial. Su jefe directo era el procurador Alfredo Castillo, sustituto de Alberto Bazbaz, responsable de la investigación del caso Paulette, la niña que “desapareció” el 22 de marzo de 2010 y nueve días después “apareció” muerta a los pies de su cama. (Bazbaz dirige ahora el Centro de Investigación y Seguridad Nacional ¿Se imagina?). Después tomaron caminos distintos. Castillo fracasó en todos (titular de la Profeco, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y director de la Conade). A Pliego no le espera un día de campo. Fuerza Coahuila (la policía represiva de Rubén Moriera), no solo debe desaparecer, sino ser investigada.
