El triunfalismo es pésimo consejero. Peña Nieto llegó al poder no por méritos personales o por tener cualidades de estadista, sino por un pacto con los gobernadores del PRI, que en 2011 eran mayoría y controlaban el Congreso federal, las legislaturas locales y habían cercado, junto con la delincuencia organizada, al presidente Calderón. A cambio recibirían impunidad. En ese contexto, Humberto Moreira desempeñó un papel relevante. Tanto, que Peña lo convirtió en líder del PRI, pero no pudo sostenerlo por el escándalo de la deuda contraída con decretos falsos.
Moreira salió de escena, pero jamás perdió la protección de Los Pinos. El gobierno de Peña Nieto intervino para liberarlo del penal madrileño de Soto del Real, después de haber sido detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el 15 de enero de 2016, «bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2011)» [El País, 16-01-16]. La nota, de Pablo de Llano, lo presenta como una «figura sombría de la política mexicana, rodeado de sospechas de corrupción por las que fue defenestrado políticamente tras escalar a las más altas esferas del poder como presidente del Partido Revolucionario Institucional».
Según la prensa española, la procuradora Arely Gómez fracasó en su intento de obtener información sobre el caso. El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR era entonces Raúl Cervantes, amigo de Peña y excolaborador de Moreira en el CEN del PRI. El PAN solicitó la extradición del exgobernador y la extensión de dominio sobre sus propiedades y cuentas bancarias.
El expresidente del PRI salió libre el 22 de enero y de inmediato regresó al país. En México y Coahuila ha sido absuelto por la deuda irregular y la supuesta compra de radiodifusoras con recursos públicos a través de prestanombres. Pero no en España, donde la Fiscalía Anticorrupción reabrió la investigación por lavado de dinero y otros delitos después de haber tomado declaración al exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal, y a Rolando González Treviño.
El periódico La Jornadapublicó el 19 de enero pasado que un juzgado «negó la suspensión provisional solicitada por el exgobernador (Humberto Moreira)» para no ser extraditado a España donde se le acusa de «lavado de dinero, corrupción y vínculos con el crimen organizado». La Dirección General de Estadística Criminal registra los acuerdos 35 principal y 36 incidental con el nombre de Humberto Moreira Valdés contra actos del Director General de Procedimientos Internacionales, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.
Tras la captura del exgobernador interino Jorge Torres López, el 6 de febrero, cuya extradición fue solicitada por Estados Unidos, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres, demandó enjuiciar también a Humberto Moreira. «El desfalco de la megadeuda es un delito a los ojos de todo el mundo, menos de los cómplices de los Moreira ni del resto de sus secuaces en el estado», dijo a El Norte(06.01.19). La detención de Torres ha hecho renacer la esperanza de que se castigue a los responsables de la ruina financiera de Coahuila y de la corrupción en los dos últimos sexenios. La pieza principal del entramado es Humberto Moreira; si él cae, Rubén será el siguiente.
