Contrario a lo que sucede en México, donde las elites políticas y económicas son intocables, en España hasta la familia real paga sus faltas en prisión. El 17 de febrero de 2017, Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, recibió una condena de seis años y tres meses por malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública y tráfico de influencias, entre otros delitos. La condena incluye una multa de 513 mil euros. Dos años después de su detención en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, por los supuestos delitos de «blanqueo de capitales y colaboración con el cartel de Los Zetas» (El País, 16-11-18), la justicia española vuelve a tener en el punto de mira al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.
La reapertura del proceso criminal, determinada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, con base en las declaraciones del exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, y del empresario Rolando González Treviño, puso en guardia al también expresidente del PRI. Frente al riesgo de ser extraditado, y ya sin la protección de la Presidencia de la República y de la PGR, que en 2016 le permitió salir de la prisión de Soto del Real, Moreira empezó a tramitar un amparo.
El recurso lo presentó el 16 de enero pasado, luego de la negativa de la PGR para «hacer efectiva la garantía de audiencia y derecho de defensa para conocer, responder, controvertir y aportar pruebas, dentro del procedimiento que se sigue en su contra. (…) El juzgado negó la suspensión provisional solicitada (…) con lo cual pueden continuar las investigaciones en su contra por el Ministerio Público Federal y la colaboración de las autoridades españolas» (La Jornada, 19-01-19).
Los testimonios de Villarreal y González frente a los fiscales anticorrupción españoles Juan José Rosa y José Grinda, el 13 de diciembre de 2017, fueron clave para reabrir la causa contra el exmandatario coahuilense. De acuerdo con El País, Villarreal declaró a los fiscales que entre 2005 y 2010 gestionó la economía de Moreira «al margen de su función pública, mantenimiento de casa, viajes, coches, todo lo que necesitara Humberto. Que, en ese ámbito, tuvo conocimiento o consciencia de que Humberto Moreira se apropiaba de dinero público, malversar dinero».
José María Irujo dice en su nota: «el testigo asegura (a los fiscales) que conserva facturas y fotografías de sus acusaciones y que las aportará si se le requieren». Si alguien conoce cómo se contrató y gastó la deuda por 36 mil millones de pesos en el gobierno de Moreira, es Villarreal, quien en el círculo cercano del exmandatario generaba celos por su influencia. Acusar a su exjefe de apropiarse de 130 millones de euros (tres mil millones de pesos) «tanto para él como para su partido» y proporcionar nombres de propietarios de empresas de televisión y de otros supuestos beneficiarios del erario de Coahuila proporcionó a los fiscales elementos para solicitar la reapertura de la investigación.
Humberto Moreira ha sido exonerado por la PGR y por la Procuraduría General de Justicia del Estado —entonces a cargo de Homero Ramos Gloria— por la compra de medios de comunicación con dinero del erario y por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la justicia de España y Estados Unidos no han dicho la última palabra. Máxime cuando sigue pendiente la extradición, a Texas, de Juan Manuel Muñoz, presunto operador de Los Zetas. El empresario lagunero fue capturado en Madrid, el 18 de marzo de 2016 —dos meses después de la detención del exgobernador—, bajo los cargos de lavado de dinero y organización criminal.
