Antes de robar al país combustibles de los ductos y las refinerías de Pemex a los niveles de escándalo ahora conocidos, los consumidores eran esquilmados en las gasolineras, a ciencia y paciencia de las autoridades. Lo mismo ha sucedido históricamente con el suministro de gas domiciliario. Funcionarios de la Secretaría de Economía, encargada de vigilar los precios, pesos y medidas, y de la Procuraduría Federal del Consumidor obtienen cuantiosos sobornos por hacer la vista gorda. Las pérdidas por el huachicoleo se calculan en 60 mil millones de pesos anuales; el robo al público es incuantificable, pero incluso podría ser mayor.
La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la sustracción de gasolina obtuvo amplio respaldo social, no exento de críticas, pues el cierre de tuberías causó desabasto y malestar en varios estados. Partidos de oposición y sectores de la prensa aprovecharon la coyuntura para señalar, con dedo flamígero, el cumplimiento del apocalipsis: México convertido en Venezuela en los primeros 45 días del nuevo Gobierno. Igual de forzada y disparatada resulta la tesis según la cual el apoyo al Presidente es consecuencia de la lucha de clases. Los de a pie contra los de coche, como si todos poseyeran autos de lujo. El parque vehicular del país está compuesto –en su mayoría– por modelos anteriores y marcas populares.
El desabasto de gasolina no provocó la crisis anunciada por los profetas del desastre –disturbios, protestas callejeras, cierre de negocios y caída de la bolsa– ni disminuyó la aprobación del Presidente; al contrario, mejoró. Ahora se le exigen detenciones, y debe haberlas de peces gordos, como en Brasil por la corrupción en Petrobras. El mercado negro de combustibles no sería posible sin la participación concertada del crimen organizado, políticos, partidos, funcionarios de Pemex y del gobierno federal. Asimismo, intervienen autoridades locales, líderes del sindicato petrolero, dueños de gasolineras, empresarios y bancos donde se lavan cantidades fabulosas de dinero.
Entre los intereses del poder económico y político no existen fronteras. El neoliberalismo subordinó al Estado a las oligarquías, como lo advirtió el presidente López Obrador en su discurso inaugural. El tráfico de combustibles y de droga también se complementa. Espacio 4 publicó en 2007 el caso de una compañía gasera de Torreón –de alcance nacional– a la cual el Ejército le decomisó un camión cisterna cargado de mariguana en San Quintín, Baja California. Las conexiones políticas y judiciales le permitieron a la familia influyente salir del apuro.
La circunstancia y el apoyo ciudadano –volátil como la gasolina– le brindan a AMLO la oportunidad de abatir y castigar el robo de combustibles, tapar el pozo sin fondo de Pemex (caja grande de los últimos presidentes), garantizar una distribución eficiente y sanear el sindicato cuyo cacique, Romero Deschamps, representa uno de los eslabones más fuertes de la corrupción rampante. Si cumple, le demostrará al país y a sus críticos que el cambio propuesto por él, además de asequible, es positivo.
Empero, el esfuerzo será incompleto si las gaseras y las gasolineras no se sujetan a la ley. Es hora de proteger también la economía de millones de ciudadanos y empresas víctimas de políticos, autoridades y expendedores sin escrúpulos. Basta de abusos. Tragedias como la de Tlahuelilpan son consecuencia, también, de la incuria y la falta de justicia.
