Hoy termina el peor gobierno de la transición. Enrique Peña Nieto jamás estuvo a la altura del cargo ni de la circunstancia. No podía estarlo alguien formado en la cultura de la impunidad y del privilegio. Su desempeño en Estado de México preludió su fracaso como presidente. El principal mérito para ocupar la gubernatura fue su parentesco con Arturo Montiel, a quien sucedió, y su pertenencia al exclusivista grupo Atlacomulco. Antes había sido recolector de fondos para la campaña de Montiel, secretario particular de un miembro del gabinete local, encargado de Administración y diputado local.
Peña fue el candidato de las elites económicas representadas por el PRI y el PAN para impedir, junto con Felipe Calderón, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2012. Peña ganó por una diferencia de 3.3 millones de votos, a pesar de la mercadotecnia, el derroche de recursos y el apoyo de las televisoras. La oligarquía —financiera y de partidos— cometió el error de regodearse en la victoria, dar por muerto a AMLO y gobernar de espaldas de la mayoría. Si solo hubiera sido eso, quizá habrían conservado el poder. Pero no, la corrupción y la soberbia le abrieron de par en par las puertas de Palacio Nacional a su enemigo común.
El Pacto por México fue un golpe de efecto, no el cimiento para la transformación de un país cada vez más empobrecido. Las reformas eran necesarias, pero el triunfalismo las volvió odiosas. Anunciadas a bombo y platillo como la panacea universal, la fiscal redujo el poder adquisitivo y la capacidad de las empresas para generar riqueza; la energética, disparó el precio de los combustibles y las tarifas eléctricas; y la educativa se utilizó para someter al magisterio, no para elevar la calidad de la enseñanza.
Peña entrega un país peor del que recibió: más violento, desigual y corrupto. El hasta hoy presidente prefirió esconderse. El peso de la tarea lo abrumó y dejó a otros ejercer el poder de acuerdo con sus intereses. Osorio Chong, Luis Videgaray y Aurelio Nuño actuaron siempre como aspirantes presidenciales, no como secretarios de Estado. Ellos son corresponsables del naufragio. Peña no tuvo carácter para imponer su autoridad. Proteger a los gobernadores lo convirtió en cómplice de quienes robaron a sus estados, pisotearon los derechos humanos y pactaron con la delincuencia organizada. El caos nacional también se debe a ellos.
La encuesta de ayer del Grupo Reforma sobre el sexenio de Peña Nieto es demoledora. El 68% desaprueba su gestión. De los últimos cuatro presidentes, Ernesto Zedillo (PRI) es el mejor evaluado (69%), seguido de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón (61% cada uno). La corrupción aumentó a 69% junto con la inseguridad y la corrupción (68%), según la muestra nacional en vivienda a mil adultos levantada del 23 al 25 de noviembre. En educación, salud, empleo, libertad de prensa y derechos humanos no hubo avance, opina la mayoría.
López Obrador recibirá un país en crisis. Su triunfo arrollador y la esperanza depositada en él por millones de mexicanos, sin embargo, lo han ensoberbecido. La angustia y el enfado por los errores cometidos antes de asumir la presidencia, además de fundados, son crecientes. Si el zafio escritor Paco Ignacio Taibo II refleja el pensamiento político del líder de Morena, pronto se podría extrañar a Peña. De lo contrario, AMLO debe revocar su nombramiento como director del Fondo de Cultura Económica y expulsarlo de su equipo.
