El vacío de poder por el debilitamiento del presidente Peña lo llena con creces
Andrés Manuel López Obrador. El mandatario electo suaviza sobre la marcha
algunas de sus propuestas más polémicas, extiende y revoca nombramientos y
centra la atención de analistas y caricaturistas políticos, mientras el inquilino de
Los Pinos brilla por su ausencia. En el primer informe de su primo Alfredo del
Mazo, Peña anunció su regreso a Estado de México y prometió “no causar
molestias”. Solo eso faltaba después de una presidencia desastrosa.
La Casa Blanca a la que Peña y su esposa Angélica Rivera planeaban retirarse,
devino en escándalo. Origen de la decadencia temprana de la popularidad de un
matrimonio con ribetes de cuento de hadas o culebrón de Televisa, la residencia
fue abandonada en diciembre de 2014, apenas un mes después de conocida su
existencia y la manera como se adquirió, por una investigación de Aristegui
Noticias.
Valuada en siete millones de dólares (86 millones de pesos al tipo de cambio de
entonces), la Casa Blanca regresó a su dueño original: Ingeniería Inmobiliaria del
Centro, S. A. de C. V., del Grupo Higa, uno de los contratistas preferidos de Peña
como gobernador de Estado de México y presidente de la república. La propiedad
fue la Némesis a la arrogancia de la clase política de un país empobrecido y
agraviado por la corrupción. “En nuestra casa llevamos una vida lo más normal
posible. (A nuestros hijos) les he hecho saber que Los Pinos nos será prestado
solo por seis años y que su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho
este reportaje”, declaró Rivera a la revista ¡Hola! (mayo de 2013.)
El envanecimiento y la ostentación de lujo y opulencia removieron el encono
social contra la clase política y dieron al traste con la imagen de un presidente
escaso luces y de una actriz medianamente exitosa. Las consecuencias, sin
embargo, fueron más profundas. El 6 de noviembre de 2014, el gobierno canceló
el proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro, cuya licitación había
ganado una asociación de empresas encabezada por la multinacional China
Railway Construction Corporation (CRCC). Uno de los socios mexicanos era
Constructora Teya, de Grupo Higa.
La anulación de la obra, calculada en tres mil 750 millones de dólares, disgustó a
los inversores chinos. CRCC reclamó al gobierno mexicano una indemnización por
600 millones de dólares, de los cuales finalmente obtuvo 16 millones. (Aristegui
Noticias, 03-12-14). Los efectos del descrédito han sido duraderos. Juan Pardinas,
director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) cita un ejemplo:
“Hace dos semanas, un amigo que encabeza una dinámica
startup de tecnología viajó a China en busca de nuevos inversionistas. (…) Durante cuatro meses cortejó a sus socios potenciales y recibió señales muy positivas. Sin embargo, ya en
Sahnghái, apareció un tema incómodo en la agenda. ‘Nuestros jefes, dijeron los
chinos, están muy preocupados por el tema de la cancelación del tren a
Querétaro’. (…) Casi cuatro años después, el tema apareció en el centro de una
mesa de negociaciones en Beijing. El prometedor acercamiento de la
startup mexicana con los inversionistas chinos se diluyó en un memorándum de
entendimiento con compromisos modestos. En el círculo de inversionistas chinos,
el nombre de México aún genera desconfianza”. (“Autosabotaje”,
Reforma, 16-09-18.)
Comentarios de Facebook
