El juez federal de Argentina, Claudio Bonadio, inició este lunes lunes un proceso formal contra la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), acusada de ser “jefa de una asociación ilícita” durante su mandato.
La ex presidenta presuntamente habría exigido sobornos a empresarios que resultaban beneficiados con contratos para realizar obras públicas, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
El juez Bonadio procesó con prisión preventiva a Cristina Kirchner en la causa por corrupción en el ex-Ministerio de Planificación https://t.co/WwwF0w9pSU
— CIJ (@cijudicial) September 17, 2018
El magistrado también pidió la “prisión preventiva” de Fernández, quien actualmente es senadora nacional, por lo que ese pedido deberá ser sometido a la consideración de la Cámara Alta.
Bonadio también le trabó un embargo judicial (preventivo) por 4.000 millones de pesos(100 millones de dólares).
Igual disposición adoptó el juez sobre el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido (2003-2015) y sobre los ex funcionarios Roberto Baratta y José López, en la denominada causa “De los cuadernos”.
En esa causa, la investigación judicial comenzó a partir de una serie de anotaciones que realizaba el chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno, con días, horas y sumas que recaudaba de parte de empresarios a favor de ex funcionarios.
Según Bonadio, la investigación que llevó adelante el fiscal Carlos Stornelli desde abril pasado permitió dar con “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel de Vido), actuó entre los años 2003 y 2015”.
El objetivo de esa asociación ilícita, dijo el magistrado en una resolución de 558 páginas, fue “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
La pesquisa realizada desde que el caso salió a la luz pública el 1 de agosto pasado, incluye 70 allanamientos a sedes de empresas locales e internacionales, como así también sobre domicilios de la ex presidenta Fernández, actual senadora nacional, y de ex funcionarios públicos.
De estos allanamientos, 36 fueron en la ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza.
Como parte de los procedimientos, la Justicia argentina decomisó mas de 250 obras de arte en posesión de dos acusados, con un valor aproximado de 37 millones de pesos y 4,5 millones de pesos, dinero en efectivo (6 millones 350.000 pesos, 1 millón 245.000 dólares y 235.000 euros), automóviles, armas de fuego y teléfonos móviles, entre otros elementos.
La investigación avanzó luego de que varios empresarios mencionados en los cuadernos de Centeno se presentarán a declarar ante el juez Bonadio y el fiscal Stornelli bajo la figura de “arrepentido colaborador”, a fin de mejorar su situación judicial a cambio de información de valor para la causa.
El 13 de agosto pasado, Fernández presentó un escrito ante el juez Bonadio, mediante el cual rechazó “de manera terminante” los cargos en su contra, dijo que es víctima de una “persecución judicial”, y anticipó que “de ser necesario”, agotará “todas las instancias judiciales internas, acudiendo además ante los órganos internacionales competentes en materia de derechos humanos”.
La causa que ordena Bonadio se inició tras una investigación del diario “La Nación”, en la que se indagó sobre el presunto pago de sobornos en dólares por parte de empresarios a miembros del anterior gobierno.
