Un caso de explotación laboral, con condiciones equiparables a la esclavitud, se documentó el mes pasado en Matamoros Coahuila. Jornaleros agrícolas, originarios de estados del sur del país, vivían en condiciones insalubres, hacinados, para trabajar sin prestaciones ni condiciones laborales mínimas, en un rancho tomatero.
En el hacinamiento, se sabe por testimonios, que la comida que se les proporcionaba estaba muchas veces echada a perder y que, en medio de su miseria, había familias con niños, que también eran llevados a la cosecha, para cumplir cuotas de productividad.
Los lugares, localizados en las colonias Carolinas y Enrique Martínez y Martínez –esa proclividad de la clase política por apropiarse de la nomenclatura que termina manchando más su nombre—fueron descubiertos tras una denuncia. No obstante, es bien sabido que ese tipo de lugares existen también en los ejidos Las Compuertas, Maravillas y Flor de Mayo, de la misma municipalidad.
Hay algo en Coahuila que, siendo una de las entidades con mayor desarrollo económico del país y una notable oferta laboral, existen sectores que, en la deshumanización y el atraso, reproducen condiciones de explotación, inclusive infantil, con impunidad.
Las beneficiarios son familias de renombre, frecuentes protagonistas de las páginas de sociales, poderosas por vía empresarial y política, cuya riqueza se funda en una voracidad criminal.
En el caso de los sectores laguneros, hay que añadir que lo mismo ocurre en los mencionados ejidos Las Compuertas, Maravillas y Flor de Mayo, donde han salido a relucir nombres de la política y el ámbito empresarial como Eduardo Villarreal Tricio, y el exmando policiaco matamorense, Rafael Rosales Díaz, relacionado con el PRI.
Historias como esa se han documentado en Coahuila, como sucedió en otro rancho tomatero, llamado Nidia Edith, en noviembre de 2016: 81 personas fueron rescatadas por la Procuraduría General de la República, en San Pedro de las Colonias. Había tienda de raya y condiciones infrahumanas.
La voracidad fue aun peor en el caso de la empresa ProKarne. Un año antes, en agosto de 2015, en Ramos Arizpe, donde se ubicó a 63 niños trabajando para ese gigante ganadero. En total, los operativos de ese agosto espantoso, rescataron a 200 personas de las que 83 eran niños.
En febrero de 2011, la mina Lulú quedó evidenciada cuando dos trabajadores murieron en un siniestro. Las condiciones eran paupérrimas, vivían toda la semana en la mina donde no había dormitorios ni regaderas, sólo podían salir el domingo y había tienda de raya. No tenían seguridad social y las condiciones de seguridad laboral eran precarias.
La mina Lulú era propiedad del extinto empresario Salvador Kamar, cuya heredera, Lulú, fue la candidata del PRI a la alcaldía de Monclova este año, algo nada extraño pues si algo caracteriza el negocio del carbón es que los dueños de las minas suelen mantener una participación activa o de vínculos directos con la vida política y a eso, ningún partido escapa.
México está en los primeros lugares de esclavitud moderna en el continente y, aunque no hay datos desagrados disponibles por entidad federativa, Coahuila es, en ese sentido, una vergüenza.
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