Por origen social y formación política, Andrés Manuel López Obrador es distinto a sus predecesores inmediatos; por lo tanto, cometerá sus propios aciertos y errores. El tiempo dirá si fueron mayores o menores. Vicente Fox echó al PRI de Los Pinos, solo para preparar su regreso, concretado en el gobierno de Felipe Calderón. La ruptura de Peña Nieto con Ricardo Anaya y el repudio ciudadano contra el PRIAN pusieron fin a las alternancias pactadas. El virtual mandatario electo ha dicho que no tomará represalias contra los gobernadores, a los cuales Fox concedió dinero ilimitado y poder sin contrapesos; Calderón los toleró después de ganar la presidencia en unas elecciones fraudulentas, según AMLO; y Peña les pagó con protección e impunidad por haberlo sentado en la silla del águila con dinero de sus respectivos estados para comprar votos.
Deslegitimados en las urnas, Carlos Salinas de Gortari, Calderón y Peña dieron golpes de efecto para distraer a la galería e infundir temor entre sus opositores, del PRI y de otras fuerzas políticas. El primero encarceló al dirigente petrolero Joaquín Hernández Galicia, la Quina, por respaldar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y defenestró a media docena de gobernadores por perder la elección presidencial en sus estados; y a otros, para congraciarse con el PAN. El segundo, emprendió una guerra a ultranza contra la delincuencia organizada, con un saldo de más de 120 mil muertos; y el tercero puso entre rejas a Elba Esther Gordillo, líder del SNTE, por oponerse a la reforma educativa instrumentada por un profano: Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, y uno de los principales responsables de su derrota.
AMLO ganó la presidencia contra la voluntad de los gobernadores —quizá excepto el de Chiapas, Manuel Velasco—, a diferencia de Peña, y por lo tanto no está en deuda con ninguno de ellos. En Coahuila, cuadros de Morena como Armando Guadiana (hoy senador electo), Reyes Flores (próximo coordinador del gobierno federal) y más recientemente Javier Guerrero (excandidato independiente a la gubernatura) fueron objeto de persecución, espionaje y amenazas. AMLO conoce los desmanes de los hermanos Humberto y Rubén Moreira: una deuda por más de 40 mil millones de pesos, con la complicidad del Congreso, parte de la cual se contrató con decretos falsos; desvíos por cerca de 500 millones de pesos a empresas fantasma; masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras; desapariciones forzadas y vínculos con la delincuencia organizada, según testimonios de exlíderes de los Zetas y exsocios del clan en cortes de Texas. También sabe los entresijos de la última sucesión en el estado.
Legitimado cual ninguno de sus predecesores —antes y después de las alternancias—, AMLO no tiene necesidad de tomar venganza contra los caciques locales, pero tampoco cometerá el error de soltarles las riendas como lo hicieron Fox, Calderón y Peña. Tampoco les permitirá gobernar sin sujeción a las leyes, pactar con el narcotráfico, volverse ricos a costa del erario ni manipular las elecciones. Ese fue uno de los principales mandatos recibidos por López Obrador el 1 de julio. La corrupción, la violencia, la influencia del crimen organizado en decisiones políticas, su dominio sobre amplias zonas del país y la descomposición política e institucional no se explican sin la participación de los gobernadores de todos los partidos, por convertir a sus estados cotos de poder personal inexpugnables.
