Las elecciones de este año, desbordaron los ímpetus dinásticos de los hombres de poder que, como pocas veces en la política mexicana, plagaron las boletas electorales de esposas e hijos de quienes detentan el poder, señaladamente, a través de la coalición “Por México al Frente”.
Puebla es el caso más destacado por la dudosa victoria electoral de Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador, Rafael Moreno Valle, a quien se considera en período extendido por haber dejado un año como gobernador a su incondicional, Antonio Gali, apostando por retomar el poder un sexenio lo que, por lo pronto, parece haber conseguido.
La política mexicana tenía como referente de las aspiraciones dinásticas, al llamado Grupo Atlacomulco. En siete décadas, los clanes del poder han actuado al estilo feudal, transmitiéndose el poder político mexiquense, aprovechando los negocios a su amparo y emparentando entre sí, de manera que el Estado de México lleva, por ejemplo, tres gobernadores Alfredo del Mazo, primo del presidente Enrique Peña Nieto, en cuyos apellidos coincide toda una red de cacicazgos y varios exgobernadores. Pero hasta eso, ese grupo solía evitar la sucesión en familiares directos.
Es en los partidos que hasta hace unos años podían considerarse alternativa democrática, donde este año no hubo recato. En tres de las nueve entidades federativas que eligieron gobernador, la alianza PAN-PRD-MC lanzó al juego sucesorio a familiares cercanos a gobernadores en funciones, echando mano del aparato gubernamental en Morelos, Puebla y Veracruz… cuatro, entidades, si consideramos que en el caso de la Ciudad de México, el gobernante saliente, Miguel Ángel Mancera, consiguió la postulación de su ex novia, Alejandra Barrales, como si una de las urbes más pobladas del mundo, el gobernante no tuviera más para candidatear que a su ex. Otro tanto podría decirse de alcaldías.
Pero las prácticas clientelares y las coacciones propias de la intromisión gubernamental en los comicios, fueron insuficientes para concretar los afanes de extensión. Al gobernador perredista Graco Ramírez, con su hijastro, Rodrigo Gayosso, sólo le dio para conseguir casi una quinta parte de lo que obtuvo el ganador, Cuauhtémoc Blanco.
En la Ciudad de México, la perredista Alejandra Barrales, fue derrotada con 15% y, quizás la más significativa de las derrotas, fue la del expriísta y neopanista, Miguel Ángel Yúnes, quien postuló a su hijo homónimo, echó mano de los peores vicios de la corrupción electoral pero no logró el cacicazgo que se planteaba a través de sus vástagos.
Puebla es la excepción. El segundo gobernador que lleva por nombre, Rafael Moreno Valle (el anterior lo fue de 1969 a 1972), consiguió un resultado inusual para su esposa: ganó Andrés Manuel López Obrador cuya coalición se quedó con la fórmula al Senado y con 14 de los 15 distritos federales de esa entidad. Sin embargo, la mayoria de los diputados, alcaldes y la gobernatura son para el morenovallismo.
El gobierno de Moreno Valle estuvo caracterizado por la desmesura, el exceso en el uso de recursos públicos hasta ahora no transparentes en la construcción fallida de su candidatura presidencial, la represión violenta de opositores y en fin, por los vicios que más hartazgo ciudadano han causado en el país.
Morena ha dado señales de claudicar en el conflicto poselectoral, algo que políticamente se explicaría en la conformidad pragmática para mantener sus resultados federales y de otras entidades, pero que abonaría al triunfo de la impunidad en Puebla y en los estados donde, existiendo claros indicios delictivos, los gobernantes derrotados pueden quedar en paz, renovando los viejos esquemas de negociación y arreglo, es decir, un pésimo arranque para una oferta que ha ofrecido moralizar la vida pública nacional.
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